La Paz, 9 de septiembre de 2022 (ANF).- El presidente del Estado, Luis Arce, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dieron hoy el inicio oficial de las actividades parciales de Gestora Pública en la administración de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones.
Luego de casi 12 años de la aprobación de la Ley 065 de Pensiones, promulgada el 10 de diciembre del 2010, y más de 7 años de la creación de la Gestora Pública, el Sistema Integral de Pensiones pasa parcialmente a ser administrado por el Estado. Los nuevos aportantes para una renta de jubilación tendrán que registrarse al nuevo sistema que deja de lado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).
“Hoy es un día histórico para el sistema de pensiones. A partir de hoy, quienes quieran asegurarse, quienes quieran ingresar al sistema de pensiones, ya no irán a las AFPs. Desde hoy bolivianas y bolivianos que quieran afiliarse para su pensión, para aportar para su pensión irán a nuestra Gestora Pública a inscribirse y a estar registrados como aportantes a nuestro sistema de pensiones”, anunció Arce desde la Casa Grande del Pueblo.
El primer mandatario sostuvo que fue un largo camino para llegar a este día y dijo que existieron intereses externos e internos para evitar que el Estado administre el Sistema de Pensiones.
“Los pagos de Contribuciones por los Asegurados que actualmente cuentan con el Código Único de Asegurado - CUA y se encuentran aportando a las Administradoras de Fondos de Pensiones (FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP o BBVA PREVISION AFP S.A.) deben seguir realizándose en dichas entidades de forma regular, hasta mayo de 2023, periodo en el cual sus datos serán migrados a la Gestora, en coordinación con ambas administradoras, bajo un proceso ordenado, sistemático y automático”, informó la Gestora a través de un comunicado.
Esta entidad estuvo en la crítica por su inoperancia desde su creación a falta de un software que administre los aportes de los jubilados. La compra millonaria de este programa informático también estuvo bajo la mira por indicios de sobreprecios y corrupción que se habrían suscitado. Además, se cuestionó que exista un grueso de funcionarios públicos en la Gestora que no estaba vigente durante todos estos años.
En julio se supo que el país debe pagar una multa de 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como indemnización por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones.
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