Economía

24 de noviembre de 2021 08:15

Jubileo observa 4 temas de la Ley 1407, entre ellos el financiamiento para la inversión pública

La norma es cuestionada por las universidades públicas y algunos gobiernos autónomos municipales.

image_2021-11-24_091423 Foto: Captura de documento.
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La Paz, 24 de noviembre (ANF). ‒ El analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, observó al menos cuatro temas de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025; un primer cuestionamiento es la fuente de financiamiento de los $us 33 mil millones de inversión pública.

“No se explica de dónde vendría (ese monto de dinero), no se tiene una cantidad de dinero tan alta y la tendencia en los últimos años ha sido que la inversión se reduzca y estamos en un profundo déficit fiscal. Parece muy sobreestimado este monto de 33 mil millones de dólares, eso por un lado”, detalló Martínez a la ANF.

Explicó que realizaron una revisión a la norma y vieron que existe una proyección de un crecimiento promedio entre el 2021 y 2025 de 5,1%, que “es relativamente bueno o alto considerando la actual situación que atraviesa el país” en medio de la pandemia del coronavirus.

Argumentó que el plan de desarrollo económico social no explica de donde saldrá el dinero para la inversión pública, supone que se financiaría con endeudamiento externo, lo cual sería una situación descomunal para el país.

La segunda puntualización que hizo sobre la Ley 1407, son las inversiones del Estado en las empresas estratégicas y los hidrocarburos, cuestionó la inversión de recursos con resultados poco favorables, como el caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA).

“Vemos un poco complicada la proyección (…), habría que evaluar inicialmente cuál ha sido el éxito-fracaso de la intervención del Estado en el sector empresarial, las empresas públicas básicamente, para ver si vale la pena meterse en un tema así de grande, pero en realidad no se tiene el financiamiento suficiente”, explicó.

Observó el planteamiento que la ley hace sobre la sustitución de importaciones. En criterio del analista económico de Jubileo, para que haya una situación de esa naturaleza en el país, habría que examinar las condiciones que tiene el sector productivo nacional, que son bastante negativas en términos de seguridad jurídica, regulaciones tributarias y laborales y el “tipo de cambio que no favorece al productor nacional”. 

Por último, subrayó que el modelo económico social comunitario y productivo, que reorientaba los excedentes económicos a otros sectores generadores de ingresos y en políticas sociales, ya no es una política que actualmente se pueda llevar adelante porque las condiciones ya no son las mismas que antes.

“Ya no se tienen los excedentes económicos que se tenían, ya han caído, ya hemos utilizado de los grandes recursos que ha recibido el país. No se ha creado un fondo para la estabilización, o un fondo de ahorro, entonces ya no se tienen los excedentes económicos. Esa ecuación ya no funciona de redistribuir el dinero del gas para otras funciones porque ya no hay ese dinero”, apuntó Martínez.

La Ley 1407 consta de siete artículos y una disposición única. En una comparación con la Ley 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, se halló que ambos son casi similares en varios de sus artículos. La diferencia “sustancial” es que el propósito de esta actual norma es que apunta “hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.

La ley fue cuestionada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz y estudiantes de la Universidad Tomás Frías de Potosí porque la figura de la obligatoriedad violaría la autonomía universitaria.

Asimismo, algunas autoridades de los gobiernos subnacionales observaron la falta de socialización de la norma cuando estuvo en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al respecto, Martínez manifestó que el Gobierno debería aclarar si la ley afecta o no a la autonomía universitaria, pero también debería especificar ¿Cómo se articulará el plan de desarrollo nacional con la planificación de las departamentales y municipales?

“¿Cuáles son las vías de articulación? ¿Cómo se hace política pública sectorial en un Estado con autonomías? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Qué debería de hacerse? ¿Cómo se puede llegar a sincronizar?, son los temas que el Gobierno debería aclarar”, planteó Martínez.

/DPC/NVG/





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