Fundación TIERRA plantea la intervención del INRA y auditorías a los procesos de titulación

En una amplia entrevista concedida a ANF, el experto en asuntos agrarios señaló que el INRA tras la salida del Gobierno de Alejandro Almaraz y Juan Carlos Rojas, se convirtió en una entidad al servicio de grupos de poder afines al Gobierno dedicados al tráfico de tierras, en un botín político y de negocios marcado por las prácticas corruptas de extorsión, falsificación de documentos, mercantilización de tierras fiscales y el abuso de poder.

El INRA, según las investigaciones de Fundación TIERRA, no sólo favoreció a grandes propietarios, sino que también facilitó la titulación de tierras a favor de menonitas y brasileños, con fuertes capitales y dispuestos a pagar al margen de lo establecido a técnicos y funcionarios corruptos para agilizar sus trámites. 

Denunció que el INRA se dedicó durante el Gobierno de Evo Morales a titular sin expropiación, ni reversión todas las grandes propiedades en franca violación a la Constitución Política del Estado de 2009, que establece como máxima superficie de titulación las 5.000 hectáreas, esta entidad dio curso a la titulación de propiedades individuales mucho más grandes.

Recientemente posesionaron sin presencia de la prensa, al exmagistrado Macario Lahor Cortez como el nuevo director interino del INRA. El ex miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó la repostulación del presidente Evo Morales, en franco desconocimiento del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016. 

G.C: El INRA se ha convertido en una oficina oscura al servicio de loteadores de tierras, traficantes de parques nacionales, tierras fiscales y lamentablemente ha perdido toda seriedad e institucionalidad. 

Como hace 10 años no emite un informe público sobre el estado de saneamiento y titulación, una memoria anual sobre a quién están dando la tierra,  con qué tipo de derechos de propiedad y justificaciones, dónde hay reversiones, expropiaciones, ese tipo de información que debe ser anual y permanente porque estamos en un proceso abierto de titulación y saneamiento de tierras; es decir, la gente todos los días está tramitando derechos de propiedad de la tierra, teniendo esa naturaleza el INRA más que otras instituciones tiene que ofrecer información actual y transparente, lo que estamos atestiguando, se ha convertido en un botín político al igual que en los gobiernos militares de los 70 y los 80´.

El Gobierno no nombra un director nacional del INRA titular porque le interesa tener control político; un titular tiene un mandato de ser una autoridad autónoma, trabajar por cinco a seis años y no obedece a los telefonazos de autoridades de Gobierno, parlamentarios o dirigentes campesinos. No tiene ese carácter. No hubo un director titular en la vigencia de 12 años del Gobierno del MAS.

Pasaron cinco directores más o menps, los primeros que más duraron fueron Alejandro Almaraz y Juan Carlos Rojas a quien lo sacaron por denunciar la formación de un INRA paralelo en Santa Cruz conformado por exfuncionarios y funcionarios del INRA en Santa Cruz para blanquear y falsificar documentación que justifique la adjudicación de grandes propiedades de tierras. Y Almaraz tenía una línea de titulación colectiva y no entregar a los empresarios las tierras fiscales. 

Después que salieron esas dos autoridades,  el resto se dedicaron a dos cosas básicas: a titular sin expropiación, ni reversión todas las grandes propiedades especialmente en Santa Cruz y Beni sin recortes, no hay tierra fiscal revertida en el país. Han titulado propiedades por encima de las 5 mil hectáreas, estamos haciendo un trabajo documentado, hay más 100 propiedades que han sido tituladas en los últimos cinco años por encima de lo que dispone la Constitución Política del Estado, con justificaciones absurdas como que el trámite comenzó antes de que se aprobara la Constitución de 2009 .

G.C: Exacto, con el argumento de que el propietario tenía documentación de antes, y que como la Constitución no dice que la titulación tiene efecto retroactivo lo aprobaron. De esto conocen el Viceministro de Tierras, conoce el Tribunal Agroambiental y conocen los directores del INRA, el ministro César Cocarico también lo sabe, pero nadie ha hecho nada para frenar el tráfico de tierras. Muchos dirigentes campesinos -no todos- se han dedicado a título de control social a extorsionar a los propietarios y a firmar su visto bueno para decir que no hay reclamo de las comunidades campesinas para entregar en propiedad privada estas grandes extensiones de tierra, han loteado Bolibras que solo hay 3% de tierras recuperadas como tierras fiscales, el resto está loteado. Hay una entrega masiva de tierras a los menonitas que a su vez han sido extorsionados por abogados, bufetes, tramitadores, por un montón de gente que les ha prometido titulación de tierras a cambio de aportes económicos.

Las denuncias son diarias, el tener un director interino del INRA sirve para que no tenga autonomía y solo sirva para obedecer las instrucciones de arriba y entregar en título de propiedad privada que es la consolidación del tráfico de tierras, que beneficia a dirigentes campesinos, muchos funcionarios públicos que hacen el trabajo de falsificación de documentación. La tierra se ha vuelto en una moneda de pago por favores políticos, el INRA ha perdido norte y horizonte de la Ley de reconducción comunitaria y lo que corresponde es lo que se han pronunciado varias organizaciones del campo para que se intervenga, paralice el trabajo del INRA y se someta a una auditoría técnica jurídica exhaustiva de los últimos 10 años. 

G.C: Hemos pedido que de una vez las autoridades políticas tomen una decisión; el Presidente hace tres años posesionó en el cargo a César Cocarico como ministro de Desarrollo Rural y Tierras y pidió que atienda todas estas denuncias (de tráfico de tierras), pero se quedó en discurso y no se hizo nada, ya pasaron varios años y tenemos cada vez acciones más descaradas de entrega de tierras a privados. El problema es mucho más de fondo, mucho más que pedir que se nombre al director titular.

G.C: La pregunta para las autoridades sería ¿cuántos casos de corrupción y de tráfico de tierras han paralizado, han denunciado y llevado al Tribunal Agroambiental?, no tiene un solo caso que haya fallado a favor del Estado para recuperar tierras fiscales, es más, antes del Viceministro de Tierras tenía el respaldo legal de constituirse en parte denunciante para proteger los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y tierras fiscales, hoy en día ha perdido esa capacidad. El Viceministro de Tierras no puede hacer esa representación jurídica legal en defensa del Estado y los sectores que demandan tierras; hay vía expedita para que se agilice la titulación de estas grandes propiedades, todas ilegales que están por encima de las 5 mil hectáreas y otras fraccionadas, pero siguen siendo propiedades de más de 20 mil hectáreas a nombre de socios. La otra forma de engaño es hacer pasar tierras agrícolas como si fueran ganaderas, porque si es agrícola lo máximo es de 2mil hectáreas y a título de ganadero se adjudican más de 5.000 hectáreas. 

G.C: El problema con la dotación de tierras para el sector campesino, es que en zonas de colonización hay tomas de tierras que después se convierten en demandas colectivas de titulación. El problema con estos asentamientos humanos, es que quienes toman estas tierras no son los más pobres, los que necesitan tierras o viven en minifundios marginales, mayormente son colonos que ya tienen tierras en zonas de colonización y que están expandiendo sus dominios por dos razones; para ampliar las zonas de colonización porque hay actividades atractivas vinculadas a la producción de la coca y/o mercantilización de la tierra, como traficantes de tierras porque toman control sobre tierras fiscales y luego la venden de manera ilegal a la gente que necesita tierras. 

Es una política distorsionada, pero ni siquiera tenemos una política de asentamientos humanos, nadie conoce con certeza cuál es el procedimiento técnico y jurídico para acceder a tierras fiscales, eso se da a título del poder político que tiene la capacidad de hacerse escuchar al interior del INRA.

G.C: Antes era esa batalla, cuánto cuesta la hectárea titulada y el Gobierno se inventó la idea de que se estaba titulando a precio más económico; el tema ya no es el mismo porque donde están titulando superficies empresariales cobran de manera directa por tasa de saneamiento -que es ilegal- para facilitar el proceso, incluso cobran a las personas más pobres del país que viven sobre media o una hectárea. Hay pequeñas comunidades que quieren titular sus propiedades agrícolas en calidad de minifundios y las autoridades les envían una carta indicando cuánto debe ser el aporte voluntario, y la gente recauda entre 100 a 200 bolivianos por parcela, que justifican que es para botas, ropa de trabajo y combustible, que en el fondo no es un aporte voluntario y no sabemos con qué grado de transparencia, porque lo hacen en efectivo y no a través de cuentas fiscales. Lo hicimos conocer a las autoridades y no hay ninguna actuación. El Ministro Cocarico no se ha manifestado de que averiguará estos casos o que sancionará a los técnicos que extorsionan incluso a los más pobres a título de aporte voluntarios. El tema del saneamiento es un una cuestión de negocio.

G.C: Los brasileños saben que la hectárea de tierra vale menos en Bolivia, y hay gente dispuesta a invertir y lograr la propiedad de tierras, un mediano propietario que tenga 2mil hectáreas a un valor de $us 2mil por hectárea en el mercado le costará como $us 4 millones, y si quiere titular a su nombre, la cantidad de plata que corre por debajo es una fuerte inversión para tramitar, comprar favores de técnicos, el blanquear los antecedentes agrarios y conseguir documentación falsa con sellos oficiales, firmas oficiales, Sabe que para lograr el título de la tierra debe hacer un trabajo grande, el control social, el funcionario público, los directores regionales, el empresario sabe que al menos debe repartir $us 200 mil para consolidar su derecho propietario.

Se ha institucionalizado la corrupción. Esto pasa en Santa Cruz, en Beni y en el norte de La Paz donde hay nuevos compradores y es considerada una nueva zona de expansión agrícola. En Beni hay planes de ampliar la zona agrícola, no es un documento técnico sino político.

G.C: Esos son los traficantes de tierras porque venden tierras fiscales, ofrecen su capacidad de llegada a autoridades políticas, ofrecen su favor político para acelerar la titulación de tierras, y muchas veces los compradores logran consolidar su derecho propietario. Cuando se habla que el saneamiento avanza al 80%, lo que en realidad se dice es que la titulación es expedita porque ya no hacen el trabajo de recorte, de redistribución, de expropiación y reversión, sino que consolidan lo que los propietarios piden.

El INRA no dice a favor de quién está consolidando y no muestran datos porque están consolidando a favor de los traficantes de tierras y de grandes propietarios privados.

G.C: El recién posesionado no tiene carrera agraria, se trata de un abogado que cree que sanear es llenar formularios y entregar el título. Y eso va a seguir siendo así, lo que menos les interesa a las autoridades es esclarecer todo el trabajo del INRA de los últimos años y un director de bajo perfil significa que manejará en esos términos el tráfico de tierras.