La Paz, 18 de abril de 2023 (ANF).- Los propietarios de vehículos indocumentados, conocidos popularmente como “chutos”, creen que la promulgación del Decreto Supremo (DS) 4910, que restringe la venta de combustibles, es el tiro de gracia para sus motorizados, que están en el área rural en un 80%, porque ahora no podrán acceder a gasolina o diésel.
“El Gobierno se está metiendo en un pozo sin fondo. Gracias al voto rural, el presidente (Luis Arce) está sentado en el Gobierno, pero ahora ¿qué les está haciendo? Les está dando la espalda, esto es el tiro de gracia. Nosotros no aceptamos esta situación, en el transcurso de estos días vamos a tener una reunión a nivel nacional”, dijo Rubén Ferrufino, representante de los propietarios de vehículos ilegales, en contacto con la ANF.
El Gobierno promulgó el 12 de abril el DS 4910 en el que prohíbe la venta de combustibles a vehículos que no tengan documentos legales y radicalizó los controles, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para impedir la venta no auditada de los carburantes.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, dijo el domingo pasado que para lanzar este decreto hicieron un amplio estudio que les permitió identificar las zonas donde se realiza la comercialización irregular de combustibles.
“Se ha identificado, a través de estudios que hemos empezado desarrollar desde el año pasado, aquellos lugares donde está la actividad ilegal, donde están las actividades que van por ejemplo a autos que no cuentan con documentación, los autos ilegales, la minería ilegal”, dijo el titular de Hidrocarburos.
Para el dirigente Ferrufino, el 80% de los vehículos indocumentados está en el área rural, lo que significa que al menos 160.000 de los autos indocumentados circulan en áreas despobladas y pueden acceder a combustible subvencionado.
El representante de ese grupo confesó que deben pagar coimas de Bs 1.000 o 2.000 a la Policía cuando son sorprendidos conduciendo sus vehículos ilegales. Por esa razón, intentaron en distintas oportunidades la aprobación de una ley que legalice unos 200.000 vehículos ilegales y puedan pagar impuestos o comprar gasolina sin temer ser decomisados.
Otro sector que se siente agraviado es el de los mineros, que son grandes consumidores de diésel para el funcionamiento de su maquinaria pesada. Las cooperativas mineras auríferas en el norte de La Paz tienen cisternas que trasladan el diésel desde La Paz, aunque se desconoce cómo obtienen los hidrocarburos.
En los campamentos mineros se puede observar hasta cuatro tanques de 20.000 litros cada uno en los que almacenan gasolina y diésel que permite el trabajo que realizan. La maquinaria pesada, como topadoras o camiones, utilizan diésel y los vehículos pequeños pueden acceder a la gasolina.
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