La Paz, 24 de mayo de 2023 (ANF). - La incorporación de un artículo del proyecto
de ley 280 de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el precio del oro en onza
troy y la bancarización, son algunas de las observaciones que realizaron los
cooperativistas mineros en la reglamentación de la Ley del Oro propuesto por el
Banco Central de Bolivia (BCB).
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL), Roger Coata, sin identificar el artículo, rechazó que se pretenda introducir la ley cuestionada en ese proyecto reglamentario. Afirmó que tiene el objetivo de indagar cómo adquieren sus bienes y maquinaria pesada.
“Como actores mineros no podemos introducir ese proyecto de ley, nosotros hemos rechazado esa norma de forma rotunda. Ellos dicen que ese artículo es para el control y fiscalización del sector minero. Por ejemplo, se investigará de dónde tenemos la maquinaria pesada, de dónde sacamos para comprar un auto y una casa, nos quieren hacer una investigación”, explicó a la ANF el cooperativista.
La Ley del Oro, promulgado el 5 de mayo por el presidente Luis Arce, permite que el BCB compre ese material para fortalecer las reservas internacionales. Uno de sus artículos establece que existen 60 días para la elaboración del reglamento.
A la vez, dijo que los mineros pretenden que la compra del oro sea por onza troy (una onza troy equivale a 31,1 gramos de oro), que se cotiza en dólares y no en bolivianos, además que varía de acuerdo al mercado internacional.
“Necesitamos precisar la compra del oro según la refinación que tenga el material, la cantidad que el Banco Central pueda adquirir de los productores. El precio de una onza troy sale de las cotizaciones del mercado internacional, estamos planteando que ese aspecto se incorpore al reglamento”, dijo el dirigente.
En ese sentido, el presidente de la comisión revisora de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Ángel Surco, dijo que no están de acuerdo con la bancarización, es decir, que las transacciones se realicen a través de las entidades financieras, porque eso implicaría la emisión de facturas.
“Por ejemplo, cuando queremos descargar facturas, en el tema del diésel solo tenemos la mitad del crédito fiscal, cuando compramos coca no nos dan factura. En los campamentos, para instalar o hacer algún trabajo contratamos mano de obra del lugar y ellos no cuentan con facturas. Esa es otra observación”, precisó.
Surco dijo que la decisión que se tomó en el caso del Banco Fassil, devolver los ahorros de dólares en bolivianos, les genera desconfianza porque en cualquier momento puede ocurrir lo mismo ante la escasez de la moneda extranjera. Además de la falta de diésel, afirmó que esos hechos solo perjudican al trabajo que realizan.
“El tema del Banco Fassil, los ahorristas que tenían cuentas en dólares, pero fueron convertidos en dólares sin previo aviso del Gobierno. Lo que está ocurriendo con la escasez de combustible. Más bien es el tema del perjuicio al sector cooperativista, debido a la hermenéutica de trabajo que nosotros tenemos, eso debe tomarse en cuenta”, manifestó.
Por otra parte, Coata señaló que no avanzaron ni el 10% sobre el contenido del reglamento porque surgieron observaciones del sector cooperativo, el cual obligó a que se dicte un cuarto intermedio hasta el miércoles.
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