La Paz, 12 de septiembre de 2022 (ANF).- El coronel retirado del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, aseguró que los vínculos del contrabando con sectores políticos del país impiden una lucha eficiente en contra de este flagelo que según cálculos de los empresarios causa un daño de al menos 600 millones de dólares al Estado por tributos no percibidos.
“Las mafias criminales tienen sus vínculos políticos, yo puedo asegurar que, si hubiera voluntad política para controlar el contrabando que todos los días cruza por la frontera de Bolivia, si no tuviera vínculos políticos con toda seguridad las fuerzas militares junto con la Aduana Nacional podrían ejercer un control más eficiente”, dijo a ANF.
Señaló que los principales aliados están en las autoridades políticas de las localidades fronterizas que impiden el ingreso de las fuerzas armadas a estos lugares, donde los efectivos son rechazados de forma violenta por los pobladores.
“Dentro del territorio nacional las Fuerzas Armadas no solo tienen como enemigo al propio contrabandista, si no tienen como enemigo al ciudadano boliviano que se opone al control, entonces, verdaderamente estamos nosotros luchando contra dos oponentes”, refirió.
En la lucha contra el contrabando también están implicados militares, funcionarios aduaneros y hasta instituciones que alertan sobre los operativos a los contrabandistas, que cada vez reaccionan de forma más violenta por su alianza con el narcotráfico.
“Hemos detectado que hay personas identificadas en las Fuerzas Armadas, en la Policía y en otras instituciones, no voy a dar el nombre por razones obvias, pero existen estas personas (implicadas en el contrabando), es toda una organización”, dijo en una anterior entrevista con ANF el viceministro de Lucha contra el Contrabando, general Daniel Vargas.
Omar Durán, abogado especialista en seguridad, defensa y desarrollo, aseveró que muchos efectivos de la policía y los militares del Comando Estratégico Operacional, participantes de la lucha contra el contrabando, son “muy corruptos” y da fe de que muchos casos en los que se encuentran implicados se resuelven de manera interna, sin que conozca la opinión pública.
Para Santistevan no existe voluntad política de parte del Gobierno para una lucha seria y frontal contra el contrabando, debido a que permite el control de esos “malos dirigentes de las comunidades de las fronteras, muchos aliados políticos”.
Y la señal de eso, refirió, es lo mal equipadas que se encuentran las unidades operativas que patrullan en las fronteras, sobre todo con Argentina y Chile, que, al carecer de equipos de comunicaciones, de GPS de alta tecnología, “cruzan la frontera con Chile sin darse cuenta y por falta de medios de transporte todo terreno, se movilizan en vehículos incautados al contrabando, y después resultan incluso procesados por tenencia de armas y contrabando”.
Remarcó que priman los vínculos políticos con las autoridades locales debido a que se trata de organizaciones que mueven ingentes cantidades de fortunas a diario, lo que hace casi imposible erradicar el contrabando. Dijo que si esto no cambia desde las altas esferas políticas hasta los niveles inferiores que se hacen cargo de la lucha directa, “no va a cambiar la realidad del contrabando”
Citó como ejemplo el caso de los camiones con maíz transgénico procedentes de Argentina que ingresaron a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) de Santa Cruz. Señaló que una vez constatado que el maíz era transgénico “los camiones desaparecieron y tampoco se supo si su ingreso al país fue legal”.
Reconoció que efectivamente el Gobierno ha creado una fuerza y existe coordinación interinstitucional entre la Aduana y las Fuerzas Armadas a través de un Comando Estratégico Operativo, pero sin la dotación técnica y logística “la intención operativa en la práctica no funciona”.
“No están logística y técnicamente equipados, ellos están con el armamento y el entrenamiento común que se hacen en los cuarteles y eso no es para luchar contra el contrabando, entonces falta de capacitación y falta de equipo material para esa fuerza, eso es lo que debilita la eficacia de ese comando operacional que no funciona”, apuntó.
Indicó que solo por el punto fronterizo con Pisiga hay más de 30 pasos ilegales y a lo largo de todas las fronteras son más de 300 los pasos ilegales, y “transitar esos caminos con una vagoneta tipo NOA que es para áreas urbanas y no un todoterreno, simplemente muestra que están de pantalla para hacer figurar de que están luchando contra el contrabando”.
“Evidentemente existen incautaciones de vehículos e intervenciones a caravanas, pero de la gran cantidad que ingresa, un 93 por ciento del contrabando entra diariamente al país y la Aduana solo puede interceptar un 7 por ciento”, enfatizó.
El Viceministerio de la Lucha Contra el Contrabando informó el 9 de septiembre sobre el decomiso de 11 camiones de alto tonelaje, 12 minibuses e incautación de mercadería que era transportada en 28 flotas. El viceministro Vargas dijo que su despacho viene cumpliendo una extensa agenda de gestión interinstitucional para involucrar a plenitud en la lucha contra el contrabando a actores y sectores sociales como productores campesinos, empresarios privados, autoridades municipales, organizaciones sociales e instituciones estatales.
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