La Paz, 30 de abril de 2025 (ANF).- En un contexto de crisis económica aguda, tanto el oficialismo como la oposición promueven políticas de ajuste estructural como solución, pese a que, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), estas medidas históricamente han exacerbado la precariedad laboral y las desigualdades sociales.
El documento “Alerta Laboral 93” revela que el 61,7% de la población sufría pobreza multidimensional en 2019, y que la pobreza multidimensional en el ámbito urbano se incrementó en los últimos años, pasando del 58,1% en 2017 al 61,2% en 2023, afectando especialmente a la clase media asalariada, independiente y obrera.
La coyuntura por las elecciones de agosto 2025 ha intensificado el debate sobre cómo enfrentar la crisis. Sin embargo, el informe del CEDLA advierte que las propuestas de ambos bandos comparten un eje común: el ajuste, con medidas como reducción del gasto público, liberalización de tasas de interés y flexibilización laboral. Estas políticas, implementadas desde 1985, generaron desempleo, informalidad y precarización, según el documento.
El gobierno del MAS, si bien redujo las tasas de desempleo, no logró transformar el modelo laboral heredado del neoliberalismo. El CEDLA destaca en su informe que el 90,1% de las unidades económicas urbanas emplea a menos de cinco personas, mientras solo el 0,4% supera los 50 trabajadores, reflejando una estructura productiva fragmentada y concentrada en microempresas.
El modelo rentista del MAS tampoco diversificó la economía. Según el CEDLA, el empleo en sectores productivos como la industria manufacturera y la minería se estancó, mientras creció en comercio y servicios, actividades asociadas a bajos salarios y menor estabilidad. “Esto consolida una base laboral precaria”, señala el informe.
La inflación, otro factor crítico, alcanzó el 9,97% en 2024, con un alarmante 15,4% en alimentos, según datos del INE citados en el documento. Para 2025, los precios de los alimentos ya acumulan un alza del 8,8%, golpeando a hogares que destinan el 57% de sus ingresos a alimentación. Los más pobres, que gastan porcentajes aún mayores, son los más afectados.
El poder adquisitivo de los trabajadores se deteriora aceleradamente. En 2023, el 46,2% de los ocupados ganaba hasta un salario mínimo (Bs 2.362), y el 24,7% recibía entre uno y uno y medio, según cifras del CEDLA.
La precariedad laboral es otro flagelo. El 74,4% de los asalariados en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz tiene contratos temporales o por obra, sin acceso a beneficios sociales, según el CEDLA. La flexibilidad laboral y las subcontrataciones han normalizado empleos inestables, agravando la vulnerabilidad.
El documento también critica la terciarización productiva, que extiende la precariedad a trabajadores independientes. “Persisten grupos en edad laboral con dificultades de inserción, aumentando su riesgo de pobreza”, afirma el CEDLA.
Pese a esta realidad, las propuestas políticas insisten en ajustes que, históricamente, han profundizado las desigualdades. El informe recuerda que tales medidas en los años 80 y 90 generaron “una sociedad con marcadas brechas sociales”, y advierte que repetirlas ahora sería catastrófico.
El CEDLA enfatiza que la pobreza multidimensional no solo abarca ingresos, sino también falta de acceso a educación, salud y vivienda digna y las políticas de ajuste ignoran estas carencias estructurales.
Los datos revelan una paradoja: mientras la población enfrenta inflación, empleos inestables y salarios insuficientes, la clase política debate fórmulas similares. No hay diferencias sustanciales entre oficialismo y oposición en el fondo de sus propuestas.
Ante este escenario, el CEDLA urge a priorizar políticas que combatan la precariedad con derechos laborales, protección social y diversificación productiva, debido a que el ajuste solo recargará el costo sobre los trabajadores.
/ANF/
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