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Derechos humanos

Gobierno uruguayo debe indemnizar con $us 230.000 a Alejandro Melgar por mantenerlo preso cinco años

Durante el gobierno de Evo Morales, Melgar fue acusado de financiar al grupo de Rozsa Flores, que fue desarticulado en un violento asalto al Hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 2009.
25 de marzo, 2024 - 20:28
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Alejandro Melgar. Foto: Captura
Alejandro Melgar. Foto: Captura

La Paz, 25 de marzo de 2024 (ANF). - La Justicia condenó al Estado uruguayo a indemnizar con $us 230.000 a Alejandro Melgar que permaneció 1.351 días preso en la Cárcel Central de ese país, a la espera de una extradición tramitada por Bolivia, acusado por su presunta vinculación con la supuesta célula terrorista de Eduardo Rozsa Flores. 

El fallo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, de Uruguay, a la que accedió la ANF, sostuvo en su sentencia que el Estado uruguayo no puede excusarse en la colaboración penal internacional para no reparar el daño causado a Melgar que estuvo recluido por varios años. 

“Declarando la falta de legitimación pasiva del Estado: Ministerio del Interior, y falta de legitimación activa y pasiva respecto de la Fiscalía General de la Nación. II.- Acogiendo parcialmente la demanda y condenando al Estado: Poder Judicial a pagarle al promotor la suma de $ 8.750.000 con reajustes desde el presente juicio de autoridad e interés legal desde la presentación de la demanda”, dice la sentencia.

Durante el gobierno de Evo Morales, Melgar fue acusado de financiar al grupo de Rozsa Flores, que fue desarticulado en un violento asalto al Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en 2009. En ese operativo falleció el rumano Árpád Magyarósi, el irlandés Michael Martin Dwyer y el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa.

Alejandro Melgar huyó de Bolivia ese año; empero, en 2012 fue detenido en Uruguay y Bolivia solicitó su extradición. El trámite duró casi cinco años, entre 2012 y 2017, según medios locales se trató del proceso de extradición más largo de la historia jurídica de ese país. 

El Ministerio Público en Bolivia inició un proceso contra Melgar y otras 14 personas, en el denominado “caso terrorismo” se evidenciaron una serie de irregularidades, entre ellos se trasladó la investigación de Santa Cruz a La Paz. Empero, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, la Fiscalía retiró su acusación y se emitió una resolución de sobreseimiento para los acusados. 

El caso 

De acuerdo a los antecedentes, fue detenido el 23 de abril de 2012 y conducido hacia Cárcel Central donde fue alojado con presos comunes, hecho que fue cuestionado por el juzgado que emitió el fallo. 

El 12 de diciembre de 2014, la jueza de Crimen Organizado, Adriana De los Santos, concedió su extradición pese a las evidentes irregularidades y a la falta de garantías que ofrecía el proceso judicial en Bolivia.

Sin embargo, el 18 de diciembre de 2015 el Tribunal de Apelaciones revocó ese fallo y denegó la extradición. De los Santos interpuso casación, pero el 21 de agosto de 2017 la Suprema Corte de Justicia rechazó ese trámite y negó la extradición. Fundamentó que el juzgado natural de la causa en Bolivia fue cambiado por decisión política y el caso se trasladó a La Paz, consideró que se cometió una transgresión de un principio internacional básico y elemental.

Durante su detención preventiva y ante al buso del poder judicial, Melgar interpuso una demanda contra el Gobierno uruguayo porque sufrió daños y perjuicio materiales por su prisión indebida. 

“Una demanda contra el Estado, el Poder Ejecutivo y Poder Judicial (…), porque “sufrió daños y perjuicios materiales y morales por prisión indebida, arresto administrativo con fines de extradición entre el 12 de abril y el 6 de enero de 2016, posteriormente entre el 6 de enero de 2016 y el 26 de setiembre de 2017 fue sometido a medidas de restricción de la libertad ambulatoria consistentes en la retención de su pasaporte, caución real, obligación de presentarse ante la autoridad semanalmente y la obligación de establecer su domicilio en Montevideo”, señala su demanda.

Inicialmente, la víctima solicitó que se condene por daño moral al Estado uruguayo y pague la suma de 12.000 pesos uruguayos por cada día de privación de libertad y 8.000 pesos por cada día de medidas de restricción de la libertad ambulatoria, llegando a un total de 23.916.000 de pesos uruguayos. 

El juez consideró “excesivo” el monto solicitado por el demandante e hizo su propio cálculo, fijando la reparación en la suma de 8.750.000 de pesos uruguayos, es decir, equivalente a $us 230.000.

/EUA/ANF

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  • Caso Terrorismo
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  • Sentencia
  • Detención preventiva indebida
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