La Paz, 15 de junio de 2023 (ANF).- Edgar Salazar alentó el “paralelismo” y la “división” de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y de las asambleas departamentales de Potosí, Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz como parte de una estrategia gubernamental, denunciaron activistas de las regiones.
Los presidentes de las APDH reunidos en la ciudad de La Paz denunciaron que Salazar no solo promueve el “paralelismo”, sino la “destrucción” de las asambleas en las regiones y departamentos y que ahora pretende destruir la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con la toma física del edificio.
“Este señor (Edgar Salazar) tiene un modus operandi que es usufructuar, destruir a las instituciones. Ya ha fracturado la nacional y hoy quiere pretender apoderarse de los bienes inmuebles de la nacional”, declaró el presidente de la APDH de Chuquisaca, Freddy Jiménez.
Manifestó que, en Potosí, Beni, Chuquisaca y Santa Cruz, además de El Alto gente de Salazar y del partido gobernante están creando organizaciones paralelas, sin ningún tipo de convicción en la defensa de los derechos humanos.
“Nos acabamos de enterar de Beni que han generado un nuevo paralelo, en Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, cuatro paralelos, con eso no llegan ni al 50%”, sostuvo, aunque en La Paz, en El alto también hay otros dirigentes que se dicen ser los “legítimos”.
En Llallagua hubo un “ataque” a la APDH a raíz del trabajo que realiza la organización. Paula Serrano informó a la ANF que en ese municipio se “está viendo esa situación del paralelismo. Las organizaciones se prestan para formar paralelas”, denunció.
Señaló que su labor en defensa de los derechos ha sido observada por la Defensoría del Pueblo, por los cuestionamientos que hacen a la Alcaldía de Llallagua controlada por el MAS a causa de la vulneración de derechos en los que incurre.
La representante de Beni también informó que en ese departamento se “formó una paralela” con una clara intención de debilitar el trabajo de la asamblea legal y legítima.
Jiménez cree que Edgar Salazar es un operador “totalmente identificado” con el MAS, “en Chuquisaca teníamos un audio que mandamos al Tribunal de Ética para iniciarle un proceso por el paralelismo”, sostuvo, aunque esa instancia por “inoperante” no hizo su trabajo.
Los presidentes de las departamentales a la cabeza del Comité Ejecutivo Nacional de la APDHB se reunieron para expresar su rechazo a la toma de la sede de esta organización, además de expresar su respaldo a la presidenta Amparo Carvajal.
El 2 de junio, un grupo de afines al MAS, a la cabeza de Salazar, ingresó a la APDHB con excusas de presentar una denuncia y sorpresivamente tomó las instalaciones y desalojó a todos sus ocupantes.
Desde esa fecha quienes tomaron esa instalación no salieron, entre tanto, Carvajal y los activistas se declararon en vigilia. Esta semana, la justicia negó una acción de libertad y un amparo constitucional que fue interpuesto por el Comité Ejecutivo.
La directora de la Red Unitas, Susana Eróstegui, manifestó que esta estrategia gubernamental de alentar organizaciones sociales paralelas a las legalmente constituidas es una práctica implementada desde hace años. Puso como ejemplos los casos de la Cidob y Conamaq durante el gobierno de Evo Morales.
“La estrategia es dividir para reinar”, sostuvo que la idea de estar en el gobierno es sinónimo de captar a cualquier organización y neutralizar voces críticas. Hay una estrategia en marcha”, advirtió.
Lamentó que el Gobierno, en democracia, no acepte oposición a las políticas gubernamentales ni voces críticas, en cambio intervenga directamente para generar crisis y división en las organizaciones sociales.
Esta política apunta a debilitar a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en ese contexto la toma de la APDHB no es un hecho aislado, sino que “todos estamos en riesgo”.
“Todos tienen que pensar qué están en riesgo con la toma de la APDHB, no es defender a la asamblea por sí misma, más allá de su valor simbólico, de sus bondades, es cómo defender los derechos humanos”, alertó Eróstegui.
Exhortó a tomar conciencia que está en riesgo la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la protesta pacífica.
“Creo que la gente no se da cuenta del efecto tan nocivo que puede ser eliminar a una institución o tomarla con otros fines, que casi son cómplices de cualquier iniciativa gubernamental, para que no se ejerza el control social, interpele o denuncie, sino que se valide las acciones”, sostuvo.
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