Boliviana de Aviación (BOA), como empresa estatal en el sector aéreo, ha estado y está bajo el escrutinio constante de la opinión pública debido a diversas problemáticas que han afectado su desempeño. Al analizar la situación, se torna evidente que las críticas no solo se centran en los retrasos y las reprogramaciones, sino que abarcan una gama más amplia de cuestionamientos que deben ser evaluados para comprender completamente la situación.
El surgimiento de BOA en 2009 plantea preguntas fundamentales sobre la intervención estatal en la industria del transporte aéreo. Si bien su misión inicial es: "Brindar servicio integral de transporte aerocomercial de alcance nacional e internacional con calidad, seguridad y gestión empresarial transparente", los resultados y la efectividad de esta misión no son cumplidas.
Surge la pregunta: ¿por qué el gobierno decide intervenir en un sector que ya contaba con operadores privados? En el país existían previamente operadores privados que ofrecían servicios de transporte aéreo. Entonces, ¿por qué el gobierno central opta por intervenir, bajo la premisa de mejorar el servicio, una situación que nunca se materializó, ya que el servicio de Boliviana de Aviación (BOA) nunca superó a sus predecesores privados?
Uno de los argumentos presentados fue la reducción de precios en los boletos, pero esto, al operar con subvenciones estatales, plantea cuestionamientos éticos sobre quién realmente asume el costo de estos precios más bajos. Además, la falta de claridad en la transferencia de activos de otras aerolíneas a BOA, como el desarme de aviones de Aerosur, sin una resolución formal, levanta dudas sobre prácticas empresariales éticas.
La calidad insatisfactoria del servicio proporcionado por Boliviana de Aviación (BOA) ha emergido como una preocupación persistente. Los continuos retrasos, reprogramaciones e incidentes durante los vuelos han erosionado la confianza de los pasajeros en esta aerolínea estatal. Algunos ejemplos destacados de esta problemática en los últimos 10 días incluyen un aterrizaje forzoso en Jamaica, originalmente programado para llegar a Miami, Estados Unidos, y la vuelta de un vuelo con destino a Sao Paulo, Brasil, de regreso a Bolivia. Asimismo, en el período comprendido entre 2021 y 2022, se registró un alarmante total de 9.067 vuelos demorados de un total de 66.252 vuelos operados por la estatal Boliviana de Aviación (BoA). Esta falta de puntualidad no solo afecta a los viajeros, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión interna y la capacidad operativa de BOA para llevar a cabo sus operaciones de manera eficiente.
La intervención gubernamental ha sido acompañada por prácticas que apuntan a eliminar la competencia, como se evidenció en casos anteriores con Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Aerosur y Amaszonas. La inclinación hacia un monopolio podría tener repercusiones negativas, ya que la competencia es un motor para la mejora continua de los servicios.
La parcialización de las autoridades y los entes reguladores ha suscitado preocupaciones adicionales. ¿Cómo pueden actuar de manera imparcial cuando pareciera que su función es respaldar a una empresa estatal, incluso cuando evidencia ineficiencias operativas? Además, la presencia de supernumerarios y los altos costos operativos previos a la pandemia señalan la necesidad de una revisión exhaustiva de la estructura interna y de costos de BOA.
En resumen, para que Boliviana de Aviación (BOA) justifique su existencia, es crucial abordar estas preocupaciones de manera completa. Esto implica promover la competencia abierta, eliminar barreras administrativas y políticas para nuevos competidores, y garantizar una regulación imparcial. Si BOA no puede competir en igualdad de condiciones, considerar opciones como la disolución podría ser necesaria para proteger los intereses de la sociedad y evitar perjuicios continuos. Es esencial que la transparencia y la eficiencia se conviertan en los fundamentos principales para la reevaluación y transformación de la aerolínea estatal.
El autor es analista socioeconómico
