Que nadie se engañe si quiere
encontrar en estas líneas la justificación a su opinión o particular visión de
la realidad, con el fin de alimentar el odio, los deseos de venganza o el ansia
por buscar culpables. Urge que como personas humanas y como bolivianos dejemos
de reducir la realidad a buenos y malos, cada quien adscribiéndose a un bando y
etiquetando al otro según su propio juicio; la realidad es bastante más
compleja que eso y tenemos que hacernos cargo de aquello.
Luego de los días de enfrentamientos y violencia que vivimos en el país, tras los cuestionados resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre, somos testigos impotentes de la muerte violenta de dos personas en la ciudad de Montero, Santa Cruz.
La información que iba llegando desde allá, ya en el ocaso del día, nos ha dejado con el aliento contenido y un nudo en la garganta, por el reporte de muertos y heridos. En apenas una semana se ha conocido de casi doscientos heridos, en marchas de protesta, bloqueos y represiones policiales. Esta situación tiene que llevarnos a calmar los ánimos, a reflexionar pausadamente y sobre todo a tomar conciencia de que no podemos seguir apostando a la violencia para resolver nuestros problemas como país. ¡Nada justifica la violencia!
A la par de la reflexión y el enérgico llamado a deponer actitudes y acciones violentas, tenemos que mantener un sentido crítico ante los acontecimientos, pues la paz es fruto de la justicia.
El uso político de los fallecidos por parte de quienes tienen alguna posición de poder es vergonzoso, expresa total falta de sentido de compasión con las víctimas, y muestra poca calidad humana en medio de la tragedia. Los muertos no pueden ser la bandera política que se levanta para acompañar una ambición.
Al poco tiempo de conocerse el sensible fallecimiento de las dos personas, salió el viceministro Quiroga con declaraciones fuera de lugar, contradictorias, queriendo sacar partido del dolor y queriendo hacer ver que unos son los violentos y los otros no. Similar actitud tuvo el Ministro de Gobierno, acusando y responsabilizando por las muertes a cívicos y opositores. Es condenable que las autoridades actúen en función de su interés político antes que pensando en el bien común, acusando directamente sin investigar nada.
La incitación a la violencia y la provocación son igualmente condenables cuando nacen del Presidente del Estado, amenazando a la población de las ciudades con cercos y desabastecimiento de alimentos. Esa actitud es criminal e intolerable, más aún porque ocupa una posición de poder con posibilidad del uso de la fuerza, frente a una parte de la ciudadanía, que reclama respeto al voto y exige que se aclare un posible fraude electoral, la cual también ha podido actuar con agresividad o expresiones fuera de lugar.
Sin embargo, que nadie se engañe señalando que hay violencia de ambas partes, porque las relaciones de poder son fuertemente asimétricas. El gobierno ha movilizado y sostiene a sectores afines, además de controlar la Policía y las Fuerzas Armadas, contra una parte de la población que se resiste a aceptar los resultados electorales y tiene derecho a protestar.
Toda muerte duele, toda herida enfada y aun así el nivel de ambición y ceguera instalado en el poder político, en oficialismo y oposición, está llevando a confrontaciones innecesarias entre ciudadanos; aunque es posible que poco les importe porque, al fin y al cabo, los muertos los pone el pueblo.
