GONZALO MENDIETA
Cuando esta columna se publique, quizás el viceministro de Régimen Interior habrá sido destituido por sus perturbados esfuerzos de inmolarse en público, con sus acusaciones por la tragedia en la Alcaldía de El Alto. Y como profetizar no es lo mío, me arriesgaré a hacer leña brevemente de ese postulante a árbol caído. No por nada el ministro de Gobierno dio muestras de finalmente entender el tamaño de la impiedad de su subordinado. Y el presidente del Senado censuró a ese viceministro en términos que debieron guiar de inicio la actitud oficial.
Los detenidos por las muertes de El Alto demuestran (al menos hoy, pues es imposible prohibir delirar a alguien, menos si es el que manda) que la tesis del “autoatentado” fue insultante y zafada. Es que se puede ser un servidor público sensible, profundo, respetuoso y cauto, o se puede ser como aquel viceministro. Justo cuando el Gobierno no precisa atraer más los cañones de la ira por culpa de un descocado.
No enaltece (ni es políticamente cuerdo) atribuirle por inquina los muertos a nadie, sin indagar cuánto hubo de indolencia y cuánto de alevosía en quienes confabularon y desplegaron esos hechos en El Alto (presumo ingenuamente que en este inerme país hay quien investigue y sea honesto a la vez). No necesitábamos esa prueba mortal de la descomposición de nuestra vida en común.
Las sanciones se impondrán algún día en ese país que no hemos construido. Mientras, hay un clima en el que estos incidentes se producen. Ése que no examinamos para no confrontar nuestras miserias.
Por la aciaga masacre de 2003 y la debacle que le siguió, el Estado ha delegado la administración del enfrentamiento civil -cuando no lo incita- a la divina Providencia. Ya sucedió el 2006 con 16 muertos en el cerro Pozoconi en Huanuni, por ejemplo. Es menos comprometido para cualquier funcionario dejar que la sociedad liquide sus conflictos e intervenir después de la refriega, que prevenir.
Toda comunidad tiene quién se ocupe de las faenas ingratas, como evitar que la gente se mate en asonadas. Pero aquí el orden no tiene buena prensa ni es afín a la moda intelectual, aunque ésta cause muertos. Y sin Estado que intervenga, como en El Alto, queda el estado de naturaleza; sálvese quien pueda o quien sea siervo de un señor feudal.
Nos atrae, por miedo, historia y épica, el poder de la calle, esa genuina institución boliviana. En ausencia de instituciones pactadas para no batirnos a tiros, resta confiar en nuestra parsimonia andino-amazónica o guarecernos ante las erupciones de rabia. La violencia diaria a goteo es nuestro consuelo, mientras dure. Vivimos en el reino del más fuerte, con amortiguadores usados.
Y está también la política de las facciones, el reino de clanes. El Gobierno acaudilla una facción, aún fuerte. Los que no están en ella mantienen otro estatus real, del cual nada explican las leyes. Como ejemplo, René Joaquino estuvo al borde del presidio cuando perteneció a una facción; su paso a la cofradía gobernante le permitió canjear el peligro de prisión por el sosiego del senado. De ahí que la policía o la justicia sirvan sólo al vencedor; hoy de modo más brutal que ayer.
La facción perdedora sólo aspira a triunfar y vengarse. Existimos juntos a la fuerza, como pandillas enemigas en una cárcel pestilente y hacinada. La retórica de varios personajes oficiales, que alienta y da palco a la de sus más sordos opositores, ilustra el ambiente de esa cárcel.
Conozco poca gente que tome en serio la ya inverosímil tarea de aplacar las ofensas y el odio. Empezando por el Gobierno, que tiene la responsabilidad mayor en las reyertas de estos años. En el MAS no asoma aún el que desde adentro -en vez de clamar penas o infierno para el enemigo- dirija el coraje y la intimación por una vez contra el poder, no contra los que no lo tienen.
Es que casi nadie aprecia al país con todos los que fatalmente lo integran y lo integrarán (salvo por una hecatombe). Y la ofrenda por tanta sandez se hace en sacrificios humanos, sin altares ni dios.
