Al finalizar una reunión realizada entre el Gobierno y empresarios privados de fecha 19 de febrero de 2024 en instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP), en conferencia de prensa, el ministro Marcelo Montenegro, anunció un acuerdo de diez medidas aprobadas, entre las que se destaca la liberación de las exportaciones y otras nueve disposiciones más, para enfrentar la escasez de dólares en el país.
El acuerdo suscrito fue en torno a las siguientes medidas:
Finalmente, en dicho acuerdo el Gobierno Nacional manifiesta que conjuntamente con el sector empresarial trabajaran de manera conjunta en la implementación, evaluación y diseño de estas y otras medidas para alcanzar resultados que beneficien a la economía nacional cuidando la estabilidad económica.
¿Fue necesario el acuerdo?
Las declaraciones oficiales durante las diversas gestiones gubernamentales desde 2006-2024 de: “se asumen medidas de política económica escuchando al pueblo”, no fue así excepto, cuando la población, región, sector económico y movimiento social se vio afectada salían a las calles a reclamar bloqueando, dinamitando, etc. por ejemplo como sucedió con la elevación del precio de la gasolina, medida que fue revertida, porque casi siempre fue impuesto las medidas desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, si fue necesario el acuerdo suscrito entre el Gobierno-Empresas privadas, que es un reconocimiento a la importancia que tiene en nuestra economía la demanda externa compuesta por las exportaciones y las importaciones para conseguir divisas (principalmente dólares).
La implementación de las medidas acordadas tomaran tiempo para su implementación operativa en las instituciones del sector público, por diversas razones que necesitan que se tomen en cuenta y se agilicen porque el tiempo es escaso, para suavizar los diversos problemas económicos que estamos viviendo actualmente.
¿Es suficiente el acuerdo?
Los representantes del sector privado fue el empresarial y no todos sus representantes fueron beneficiados específicamente por una medida concreta para su sector, por ejemplo como es el del sector construcción que las empresas tiene demora en la cancelación en las planillas de avance de obras públicas que presentan a las entidades públicas. Por otra parte, el agente económico “Consumidor” no fue considerado debido a que no esta aglutinado en un gremio que lo represente y es de igual o más importancia que los agentes económicos “Gobierno” y “Empresarios”, que tiene que considerarse buscando un medio alternativo de conocer su demanda. En este sentido, el acuerdo es un comienzo pero no es suficiente debido a que existe varios aspectos que no fueron tomados en cuenta, por ejemplo: las demandas por mejor servicio e institucionalidad de las Cajas de Salud, la Gestora Pública, seguridad ciudadana, educación pública, etc.
Por otra parte, de las diez medidas aprobadas de común acuerdo en dos especificmente utiliza los incentivos de la devolución de los CEDEIMs y la emisión de los Bonos del BCB en dólares, para captar divisas, pero aún mantiene el costo del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que es un desincentivo, así como a los actuales depósitos bancarios en dólares que son mínimos no porque es solida y se mantiene la confianza en la bolivianización, sino las personas tienen razones valederas que son: aversión al riesgo y prefieren mantenerlo en su poder para poder verificar su existencia en el momento que considere conveniente; vigencia del ITF y la falta de credibilidad a la actual política económica.
Los diez puntos no surtirán efecto favorable inmediatamente y además no se consideró el principal factor que ocasiono la situación actual de la economía que es el elevado déficit fiscal y financiado con crédito público interno y externo que ya llegaron a un límite peligroso.
Otro tema que no se menciona que se trabaje en delinear una estrategia de renegociación de la deuda externa con: Organismos Multilaterales; Organismos Bilaterales particularmente con China y Privados.
Finalmente, ahora es oportuno iniciar un trabajo para el mediano plazo, una nueva ley de base de organización administrativa, económica y política del Estado sujeto a los actuales ingresos permanentes que contamos y dejar los ingresos transitorios para constituir un Fondo Soberano que se invertirían para obtener un rendimiento que sería utilizado, únicamente en situaciones de crisis económica.
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
