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Opinión

Narrativa sobre la industrialización del Estado boliviano

30 de Mayo, 2023
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GERMÁN MOLINA DIAZ

El presidente Luis Arce Catacora al cumplir la mitad de su gestión intenta cumplir la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 que es un instrumento de política económica de mediano plazo que dirige la economía nacional mediante la programación, ejecución y evaluación de políticas sectoriales y territoriales incorporadas en las categorías programáticas de gasto, metas, resultados y acciones, y un escenario macroeconómico futuro[1]

El PDES 2021-2025 en la parte 7 Escenario macroeconómico (Proyecciones 2021-2025) plantea un crecimiento económico promedio durante el quinquenio de 5,1 por ciento soportado por niveles de inversión respecto al PIB en promedio de 13,5 por ciento y 4,7 por ciento en promedio de la tasa de inflación en el mismo período.

Las variables económicas programadas hasta el bicentenario de Bolivia son: tasa de crecimiento económico máxima de 5,6 por ciento el 2025 y el mínimo de 4,6 por ciento el 2022; inversión pública como porcentaje del PIB una ratio máxima de 19,0 por ciento el año 2023 y ratio mínima de 9,3 por ciento el año 2021; tasa de inflación sólo se cuenta con un programado de 4,7 por ciento (ver cuadro 1)


El escenario macroeconómico programado del PDES 2021-2025 comparado con los datos de dos años ejecutados y el esperado para el año 2023, es decir el período 2021-2023 se obtuvo resultados interesantes que permiten emitir algunos criterios al respecto. La tasa de crecimiento económico máxima de 6,1 por ciento el 2021 y el mínimo de 3,8 por ciento el 2022. La inversión pública como porcentaje del PIB la ratio máxima programado de 8,09 por ciento el año 2022[2] y la ratio mínima programado de 6,08 por ciento el año 2023. La tasa de inflación máxima de 3,28 el 2023 y la mínima de 0,9 por ciento el 2021.

La ejecución promedio 2021-2023 del crecimiento económico es 4,92 por ciento y por debajo del promedio en 0,18 puntos porcentuales respecto al promedio esperado de 5,1 por ciento del 2021-2025.  La inversión pública como porcentaje del PIB es dramática por la diferencia entre la ejecución promedio 2021-2023 respecto al promedio esperado del 2021-2025 de 6,61 puntos porcentuales.  Respecto a la tasa de inflación promedio durante el período 2021-2023 es 2,43 por ciento y según el PDES el promedio esperado es 4,7 por ciento.

De los tres indicadores del PDES uno de ellos llama la atención por su baja ejecución que es la inversión pública como porcentaje del PIB, en dos años de ejecución, y sigue la caída en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, es decir menores ratios anuales y también el promedio muy alejado del promedio del PDES. (ver cuadro 2)


Los resultados hallados de la ejecución de los indicadores económicos del escenario macroeconómico esperado del PDES comparativamente a los programados están por debajo, y muy complicado de revertir en los siguientes años por el actual nivel, tendencia y estructura de las variables económicas, y se logre alcanzar los objetivos y metas definidas.  En este sentido, el anuncio de la industrialización con sustitución de importaciones mediante la inversión superior a $US3.600 millones hacia el bicentenario con más de 130 plantas[1] es muy complicado de lograr porque temporalmente es la mitad del período presidencial que se viene caracterizando por el ciclo económico y ciclo electoral, que posiblemente continue la elevación del gasto público con financiamiento interno y externo, pero si no se consiguió ejecutar el PDES durante dos años es difícil se cumpla por diversos factores coyunturales económicos, políticos, sociales y geopolítico internacional que vivimos en la actualidad.

La inversión efectivamente es una actividad que debe ser realizada por el sector industrial privado porque financiara, arriesgara su propio capital, creara puestos de empleo demandando personal calificado y de esta manera contribuiría al crecimiento de la economía boliviana.  Por otra parte, recordemos que en el siglo XX fue el economista John Maynard Keynes[2] que planteó que la política de expandir el gasto público tenía que ser de naturaleza transitoria hasta que se reactive el sector privado y luego se retornaría a los presupuestos equilibrados y reducción de la deuda pública.  No sólo se refirió al gasto público y a su déficit asociado, sino que también fue muy específico respecto a que el gasto público no debía desplazar al gasto privado o que las empresas públicas sustituyan empresas privadas.

Ahora si logran obtener utilidades como las principales empresas públicas estratégicas ENTEL y ENDE durante la gestión 2022, y las que comenzarían sus operaciones de  la empresa siderúrgica El Mutún, Yacimientos del Litio de Bolivia y otras, y se cuentan con recursos públicos genuinos para financiar la inversión pública, por supuesto tiene que realizar como señala la Constitución Política del Estado, y también puede participar el sector privado nacional e internacional en asociación con el sector público mediante una ley.

En el pasado, el presente y el futuro el norte del programa de industrialización no sólo del actual gobierno sino de los subsiguientes el primero es el capital humano boliviano, desarrollo tecnológico y científico y por supuesto el sector no tradicional de la economía boliviana que no necesariamente sea por etapas sino de manera simultánea.

Con relación al gasto público el problema fundamental no es el nivel, tendencia y estructura sino como se viene financiando. Las fuentes de financiamiento que se tienen son internos, externos y ambas tienen restricciones en su utilización para no poner en riesgo la estabilidad económica vigente desde el 29 de agosto de 1985.  



[1]Mensaje del presidente Luis Arce Catacora el día martes 9 de mayo del 2023 y publicado en el periódico Ahora EL PUEBLO el día miércoles 10 de mayo del 2023. 

[2]John M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México, Fondo de Cultura Económica, 1974, pp.334-335. “[...]mientras el ensanchamiento de las funciones de gobierno, que supone la tarea de ajustar la propensión a consumir con el aliciente para invertir, parecería a un publicista del siglo XIX o a un financiero norteamericano contemporáneo una limitación espantosa al individualismo, yo la defiendo, por el contrario, tanto porque son el único medio practicable de evitar la destrucción total de las formas económicas existentes, como por ser condición del funcionamiento afortunado de la iniciativa individual.”

Germán Molina Diaz es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB

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