Ley 348, una utopía para las mujeres

Los feminicidios de las hermanas Olmedo suscitados en el Cerro Chico de Potosí, nos llevan nuevamente a la reflexión de los altos índices de violencia machista encarnada en su máxima expresión con las 80 mujeres que murieron en manos de brutales feminicidas.  Esta cifra posiciona a Bolivia entre los países más violentos de Sudamérica según la ONU, pues cada tres días una mujer muere por razones fundadas en género. Si analizamos la forma en la que son asesinadas, evidenciamos que detrás de esto hay un mensaje de odio, por lo que debemos cuestionar la estructura social en la que vivimos. 

Las leyes que tenemos no garantizan una vida libre de violencia. El presidente, a través del decálogo de pactos contra la violencia que enuncia, muestra principalmente la debilidad de la Ley 348, pues todo se resume a un mero discurso. La marcha que encabezó es un mensaje simbólico más, que solo pretende fortalecer su legitimidad en el poder. Se debe cuestionar los actos machistas ejercidos por autoridades, así como los discursos del presidente en los que cosifica a las mujeres, y miembros de su partido las ofrecen en actos públicos. Esta doble moralidad llega a ser una burla a la memoria de nuestras compañeras asesinadas. Los gobernantes no muestran coherencia entre lo que dicen y hacen. 

Vivimos en un país con grandes brechas de desigualdad en la que muchas poblaciones son marginadas, y la violencia en estos espacios son más recurrentes. El acceso a justicia es algo que queda simplemente minimizado y no es garantizado por las instancias públicas, principalmente por los problemas de institucionalidad, por falta de voluntad política, y más aún cuando las familias son de escasos recursos. 

Las hermanas Olmedo representan a las mujeres que viven continuamente en condiciones lamentables, expuestas en lugares de constante vulneración de derechos. En Bolivia según la ONU siete de cada 10 mujeres se encuentran en precariedad laboral, las guardas son parte de este grueso poblacional, y reciben un sueldo que está por debajo del mínimo nacional, y no cuentan con ningún beneficio laboral. Además el Cerro Rico es uno de los lugares más contaminados de la ciudad de Potosí, lo que se convierte en un factor más que evidencia las condiciones de vida de muchas mujeres. 

Quedamos conmocionados al ver esta realidad, pero aún falta tomar plena conciencia de este problema de carácter estructural, que lastimosamente se remite a un sistema económico que margina al grueso de la población, y ello emana de un sistema patriarcal. Debemos actuar ante la problemática en la que la marginación económica, el machismo, la discriminación y la violencia derivan a actos de transgresión de derechos. 

Como actores sociales podemos impulsar acciones conjuntas de incidencia para asumir de raíz esta cuestión. El Estado para poder frenar esto, debe invertir fondos para desarrollar investigaciones que aborden estas problemáticas para así poder implementar políticas y programas con respaldo desde diferentes niveles de la sociedad, como una educación integral con enfoque de género. 

Respecto a la precariedad laboral en la que están sometidas muchas mujeres, producto de una economía extractivista es una cuestión que también le compete al Estado, seguimos patinando en la idea de “diversificar la economía” pero no se llega a concretar. Potosí aún representa una de las zonas con mayor índice de pobreza de la región, y es momento de terminar esta marginación que sufre nuestra población, necesitamos una regulación estatal en estos espacios que al parecer son olvidados, necesitamos dejar de ser relegados por el nivel central, para así poder garantizar un desarrollo potosino.