El 10 de noviembre pasado Potosí cumplió 212 años de gesta libertaria. La plaza principal de la ciudad se llenó de flores y banderas rojo y blanco para homenajear a los héroes precursores del proceso de Independencia. Autoridades como el presidente Luis Arce Catacora y el Gobernador Jhonny Mamani se dieron cita en la ciudad, encabezando el desfile cívico. Todos los presentes gritaron en coro “Que viva Potosí”.
Sin duda alguna, como bien lo mencionaron las autoridades, la historia potosina está ligada a la riqueza material procedente de la minería. En los siglos XVI y XVII, Potosí fue el principal productor de plata de la corona española y uno de los más grandes del mundo. Las monedas acuñadas en su ceca circularon fuera del continente americano. Con la constitución del Estado nacional boliviano Potosí siguió siendo uno de los principales productores de riqueza minera. Los discursos del presidente y del gobernador hicieron hincapié en ese pasado y en la relevancia de la industria minera. Pero lamentablemente ignoraron los problemas sociales de la ciudad y del departamento. Ninguno de ellos hizo referencia a la contaminación producida por la industria, la destrucción del Cerro Rico, la emergencia de la violencia (incluyendo la de género) y la enorme brecha de desigualdad que caracterizan a nuestro departamento. En las estadísticas oficiales se señala que el departamento es uno de los más desiguales del país.
Ese mismo 10 de noviembre, mientras las autoridades estaban en plena celebración de las efemérides potosinas, en Jayaquila (aproximadamente a una hora de la plaza principal) se produjo un avasallamiento. Con dinamitas, hondas, cascos y material de combate se produjo un violento enfrentamiento entre las comunidades de Jayaquila y Suraga. El resultado de esta confrontación fue de varios heridos, animales muertos y daños materiales, todo ello en grave perjuicio de los comunarios. Es importante mencionar que en los territorios en disputa hay yacimientos mineros, lo que hace pensar que el enfrentamiento fue causado por su control. Es cierto también que no hay una clara delimitación territorial entre los municipios de Potosí y Puna y que esa situación atiza el conflicto. La abogada de la comunidad de Jayaquila, Ángela Uzuna Bobarín fue testigo presencial de este violento enfrentamiento. Ella denunció la violencia y los riesgos que están corriendo estas comunidades. En la zona de conflicto viven muchos niños que podrían ser víctimas del uso indiscriminado de la violencia. La abogada Uzuna comunicó inmediatamente a las autoridades potosinas sobre estos hechos solicitando auxilio y la presencia de las fuerzas del orden. Pero dado que era un día de efemérides, su solicitud fue desatendida.
Este conflicto territorial no es nuevo. La Gobernación y la Alcaldía de Potosí no han mostrado voluntad política para poder solucionarlo a pesar que sus autoridades están debidamente informadas. El conflicto no es solamente un enfrentamiento por tierras y linderos. Se ha denunciado la apertura de minas sin los permisos administrativos correspondientes. Todo indica que es el control de ellas y el inicio de la industria minera lo que ha exacerbado el conflicto entre estas comunidades. Las instancias públicas pertinentes no han mostrado ningún interés en mediar, lo que hace sospechar la existencia de posibles intereses subalternos. Ante la inacción e indiferencia del gobierno nacional y departamental, solamente la Defensoría del Pueblo ha actuado diligentemente para apaciguar estos enfrentamientos.
El 10 de noviembre nos muestra toda su paradoja. Por un lado, la celebración de una lucha por la “Independencia, la Libertad y la Justicia” y los discursos conmemorativos de las autoridades. Por el otro, una situación de violencia, injusticia, desigualdad y exclusión social. Comunidades enfrentadas por sus territorios y atizadas por el control de yacimientos. A ello se debe sumar los intereses de la industria minera de explotar estos recursos. Un complejo panorama que debería contar con la participación de las autoridades y que, sin embargo, actúan como cómplices del statu quo. El presidente Arce habló de las ventajas “favorables” de la industria minera, en el mismo momento que había una batalla campal en Jayaquila. Una se pregunta por qué la industria minera debe ser el único camino al desarrollo si basta mirar a la historia para ver lo qué ha ocurrido con nuestro departamento. Muchas paradojas en este último 10 de noviembre potosino.
Evelyn Callapino Guarachi es investigadora, politóloga e integrante de Mujer de Plata – Potosí
