En Bolivia cultivamos un curioso hábito. Nos indignamos por la crueldad que los compatriotas sufran en Malasia, Argentina o Chile. A la vez, guardamos una indiferencia muy parecida a la brutalidad, cuando ocurre en nuestra jurisdicción. Es como si los límites territoriales fijaran también los de nuestra -exaltada o apática- reacción. Tal vez porque somos todavía una audiencia de leguleyos, titulados y empíricos, para los que las formas son principio y fin.
Así, el abuso policial contra un boliviano en Tartagal, Puno o Corumbá será siempre más grave y odioso que uno idéntico, pero cometido en Yacuiba, Cobija o Copacabana. Nos suena -y lo es- desalmado que a un boliviano le espere la horca en Malasia, pero pasamos página de cualquier linchamiento local, de la inexplicada muerte -¿en combate?- de cooperativistas, la de un viceministro o las ejecuciones en un hotel cruceño.
Esto, para no hablar de las matanzas de presos. Las de los que manejan las cárceles en Bolivia, mafias quizá más temibles que la inclemencia en Malasia. Tanto, que ni un gobierno omnipotente que dura ya 12 años, y quiere más, se anima contra esas mafias. Y se entiende; es mucho más fácil, rápido y valeroso instaurar juicios políticos, inaugurar canchas o imprecar contra el imperio, que por fortuna anda lejos.
Es ésta una suerte de extensión del chauvinismo. Si el daño se perpetra fuera, la conmoción es general, hay mucha pena por explayar, solidaridad casi irreprimible; la prensa clama, los gobernantes juran, los opositores proclaman. Hace unos 20 años un ciudadano peruano fue quemado en sede policial, lástima que sin culpables, pero la barbarie es para nosotros patrimonio exclusivo de los gringos en Vietnam o Guantánamo.
En el país administramos una callosa y pragmática indulgencia con el padecimiento infligido localmente. Seguramente porque esta tierra se imagina aún inocente y hermosa, como canta su himno, nunca despiadada y violenta (pero pregunten qué sienten los familiares de los usuales muertos en Palmasola). Y la ternura nacional, que también se palpa en la calle, sirve como anestesia para olvidar el otro lado de la medalla, ése que conviene barrer bajo la alfombra.
Quién sabe la crueldad propia no duele tanto porque de ella somos responsables nosotros, y la autocrítica nunca ha sido maña de buen gusto. Para remediar lo que nos toca, habría que ser tenaces en la extirpación del desdén por la suerte ajena, en la función pública genuina, ocupada de males más concretos que los de la mitología sindical o política.
Poco se gana con reclamarle al Estado. Tampoco hay movimiento social que reclame furibundo por los vejados, torturados o liquidados de casa, salvo quizá cuando se trata de un niño. Y, en tal caso, con el infaltable pancista de turno. El que ofrece pena de muerte para darse un cómodo baño de masas y, de paso, evitarse el jodido trance de afrontar el problema de raíz.
Nomás hace como un año, unos militares bolivianos se declararon culpables en un juicio abreviado, para eludir la prisión en Chile. La irritación contagió, sin mucho esfuerzo, al propio Presidente y a todo opinador profesional o amateur. En cambio, esta semana, casi sin indignación, supimos de nuevo de Zvonko Matkovic, quien rehusó acceder a un trato de la fiscalía boliviana como el que la justicia chilena impuso a los uniformados bolivianos.
La porfía de Matkovic le ha costado ocho años de cárcel. Poco sé de los pormenores del nauseabundo y descompuesto juicio que lo condujo allí, pero es difícil lavarse la impresión de cuán deshonesta es la vara que se le ha aplicado.
Como prueba ese caso, la práctica penal boliviana implantada con los juicios abreviados es apenas una variante actualizada de la confesión inquisitorial. Su moraleja es que el “prestigio” de la política, de un burócrata o un fiscal está por encima de todos. Y que si prefieres ahorrarte ocho años en Palmasola, más vale confesarte hereje. Luego lo ratificará ese purgatorio que, con fétido humor negro, llamamos justicia; y a otra cosa.
Gonzalo Mendieta Romero es abogado
