ROLANDO TELLERIA A.
Lo que en el fondo revela el audio filtrado, con las afirmaciones de la abominable juez y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, da cuenta del estado no solo atroz de la justicia en Bolivia, sino, por decirlo menos, monstruoso y truculento.
Más allá de la terrible injusticia de la que es víctima un joven profesional médico, el audio, que conmovió a la sociedad boliviana, nos conduce a los recovecos más fétidos de la justicia sometida y administrada por el partido de gobierno. En el audio, la juez corre la cortina y nos muestra el cuadro macabro y espeluznante donde fiscales, jueces y autoridades de gobierno ejercen, sin el menor escrúpulo, un sin número de presiones e influencias para dirigir y determinar decisiones judiciales vinculantes, sin la menor sensibilidad de afectar vidas, “linchando” personas y familias, sin importar el profundo dolor que provocan con estas descomunales injusticias.
La “banalidad del mal”, aquel concepto que acuño Hannah Arendt para referirse a la maldad revestida de naturalidad, que ejercían los oficiales nazis en la tortura y ejecución de miles de judíos en los campos de concentración; estaría presente en el accionar de estos fiscales, jueces y autoridades que actúan con bestial perversidad de la forma “más natural”, ejerciendo, desde su espacio, un poder sin límites al servicio de la maldad.
El audio, al recorrer la cortina, para mostrarnos el execrable estado de la justicia, revela también, al menos, tres dimensiones truculentas presentes en el ministerio público y el órgano judicial.
En ambas instancias, la calidad de los recursos humanos, sin exagerar, es repugnante y de bajísimo nivel. Resulta tremendamente contradictorio, ese nivel de recursos humanos, con los criterios de idoneidad y probidad que deberían primar en su selección. A la legua se nota que, en su selección, ha primado aquel criterio que con tanto ahínco proclama la CONALCAN: “la militancia política, antes que la capacidad, es el requisito más importante para acceder a los cargos públicos”. De ahí, el bajo nivel de los recursos humanos que ingresan para ejercer funciones jurisdiccionales sin reunir los más mínimos requisitos, quebrantando los dos principios básicos de la justicia: independencia e imparcialidad. El lenguaje vulgar, grosero y soez de la jueza que condeno al inocente médico, pone de manifiesto el despreciable nivel de los recursos humanos en estas instancias fundamentales del Estado.
En segundo lugar, en términos de jerarquía, el audio revela algo sumamente insólito: la autoridad que ejerce el ministerio público, a través de sus representantes, sobre los jueces. Los jueces, sin ninguna independencia, estarían sometidos a los fiscales. La aberración es tan grande que induce a pensar que el Fiscal General sería la máxima autoridad del poder judicial.
En tercer lugar, el audio refleja el vil sometimiento del órgano judicial al poder ejecutivo, cuya obsesión y propósito es el “poder eterno”. Para la consecución de ese retorcido objetivo, la “nomenklatura” masista, no requiere jueces virtuosos y honestos. Requiere más bien autoridades sumisas en los distintos niveles del organigrama del poder judicial. Los que no ingresan disciplinadamente en “esa línea”, son sistemáticamente apartados, cuando no procesados con pruebas “fabricadas”. La ilustración de este perverso proceso es el ex magistrado Gualberto Cusi, caído en desgracia, aunque con moral alta, por contestatario e “insolente”.
En suma, el masismo ha engendrado verdaderos monstruos actuando en el ministerio público y el órgano judicial, al estilo de los oficiales nazis, siguiendo el concepto de Arendt, La justicia y la defensa de los intereses de la sociedad no están en su horizonte. Por los siniestros hechos colocados hoy ante la conmocionada opinión pública, se puede afirmar que en vez de impartir justicia, están impartiendo maldad, de la forma más natural y, lo que es peor, sin remordimiento alguno.
Rolando Telleria A. es profesor de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón.