FRANCESCO ZARATTI
Hay en el aire una pregunta que es casi de vida o muerte para Bolivia: “¿Qué pasará con el contrato de venta de gas a Brasil a partir del 2019?
El contrato actual, que tantos beneficios ha traído a Bolivia, tardó decenios en concretarse, implicó una inversión relevante en infraestructura de transporte (a cargo de Petrobras) y atrajo a alguna de las principales empresas petroleras del mundo en nuestro territorio con el fin de incrementar las reservas de gas necesarias, pero que Bolivia no tenía. En vista de que ya existe, y totalmente amortizado, un gasoducto de 3,000 km; que Brasil seguirá necesitando importar gas, mucho más que energía eléctrica cara; que el costo del gas boliviano, por múltiples razones, seguirá siendo competitivo; que la lista de clientes de nuestro gas no pasa de dos países, lo ideal sería que ese contrato se pudiera renovar.
Para que eso suceda Bolivia requiere de tres factores, que configuran un cuadro diferente al de los años ‘90: reservas suficientes (factor técnico), buen clima de negociación (factor político) y buenos negociadores para adecuar las condiciones del contrato al nuevo escenario (factor económico). En el momento actual carecemos de los tres.
Las actuales reservas certificadas son un misterio, pero seguramente no califican para plantear un contrato “en firme” de 20 años, ni existe el interés de Petrobras en explorar nuevas áreas; las relaciones políticas con Brasil han sido innecesaria e irresponsablemente tensionadas por parte del Gobierno boliviano y seguimos atrasados en la conformación de un equipo negociador a la altura del desafío.
En ese contexto, ante el nerviosismo general, el Presidente de YPFB ha salido al paso, como para colocar paños fríos, con la propuesta de negociar con Petrobras una “ampliación del contrato por dos años” para cumplir con la reposición de volúmenes de gas no tomados (el llamado “make-up gas” o gas de reposición), que sería lo que Bolivia no ha entregado y que Brasil tiene derecho a recibir hasta dos años después de la finalización del contrato.
Al respecto, es necesario hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar no se trata de una “ampliación” del contrato (como afirma YPFB) sino del cumplimiento de una cláusula del actual, que puede efectivizarse como “cola” del contrato que fenece en 2019 o bien simultáneamente al suministro de un nuevo contrato. Por tanto no se trata de “negociar” sino de “conciliar” el volumen adeudado, sobre el cual, como de costumbre, no se tiene ninguna información por parte de YPFB.
En segundo lugar, hay que dejar en claro que Brasil no ha pagado aún nada por ese gas, porque no lo ha recibido. Lo hará cuando lo reciba, al precio que determine el contrato.
Finalmente, no hay que olvidar que, de acuerdo con el contrato GSA, en el marco del TCO (Transport Capacity Option) y a raíz de un préstamo no cobrado, Petrobras tiene la facilidad de transportar gratis 6 MMmcd durante 20 años, un derecho al cual Petrobras no piensa renunciar.
En todo caso, ese asunto del “make-up gas” no es tan relevante como la renovación en firme del contrato. La noticia que llegó desde Brasil y fue confirmada por el Vicepresidente según la cual el Gobierno de ese país estaría dispuesto a comprar el 50% del volumen actual (15 MMmcd) a partir del año 2020, no es tan negativa si se interpreta que el otro 50% deberá negociarse directamente con los distribuidores y los Estados fronterizos que, definitivamente, necesitan el gas boliviano.
Sin embargo esa negociación se pinta aún más difícil y dura de la que aún no ha empezado con el alicaído Petrobras.
