Es momento de un reajuste de salarios en las autoridades

La política ha sido envilecida por el accionar de las autoridades, quienes usualmente aparecen cerca a las elecciones con un discurso motivador y al final terminan siendo serviles a sus clubes electorales (entiéndase partidos políticos). Muchas generaciones han muerto con el deseo de una Bolivia mejor que no lograron ver, pero nos dejaron el legado. 

La legitimidad de los políticos en general es bastante cuestionable, pues la corrupción, el discurso confrontador y el accionar que tienen está lejos de una ética de responsabilidad, lo que ha hecho que gran parte de la población no quiera inmiscuirse en asuntos públicos, provocando el debilitamiento del sistema político. 

La crisis política, ahora la sanitaria, junto a la económica, nos están haciendo sentir la realidad que siempre ha estado ahí y no la quisimos ver, y el evadirla ha hecho que elijamos mal a las autoridades que muy poco han hecho por Bolivia. 

Lo más injusto es que estas autoridades, quienes dicen servir al pueblo boliviano, representan un gran gasto para el Estado, lo que no sería un problema si la legitimidad y el buen accionar mostraran grandes avances. 

Gurr R., en su análisis psicosocial a partir de las expectativas de la gente, dice que cuando los bienes recibidos no van de acuerdo con los bienes esperados, se convierte en el caldo de cultivo para un escenario de conflicto. 

Después de la crisis política de 2019 necesitábamos certezas, y se nos vino la pandemia encontrándonos indefensos para poder combatirla. Necesitábamos unificación y una gestión que garantice la transición, pero nos encontramos con más pugnas de poder, por lo tanto mayor inestabilidad. 

Ante todo esto, el diálogo y concertación entre el gobierno central con las gobernaciones y municipalidades no son óptimas, porque sigue dependiendo de los colores político partidarios. Con estas contrariedades muy poco se puede concertar acciones para confrontar las desigualdades e injusticias que aqueja al grueso de la población. 

Teniendo como ejemplo al municipio potosino, donde es muy reprochable el accionar de sus autoridades, tal es el caso de los concejales y asambleístas departamentales que reciben un sueldo que sobrepasa los 15.000 bolivianos, sin mencionar otros gastos, como viajes, asesores, etcétera. 

Tomando en cuenta el trabajo que realizan la pregunta es ¿lo merecen?, cuando las sesiones constantemente son suspendidas, los resultados no muestran un trabajo responsable y comprometido con la gente. 

Basta revisar las constantes peleas por temas mezquinos que tienen entre ellos, la forma en la que accionaron ante la pandemia, con un trabajo parecido al que hacemos muchas organizaciones sociales, trabajo que lo hacemos de manera voluntaria. O, en otros casos, quienes siguen aprovechando en hacer campaña electoral. 

El 31 de mayo las autoridades subnacionales han cumplido con su gestión, si bien está la Ley 1270 de prórroga de mandato, bajo la ética de responsabilidad que involucra a la colectividad deben dejar de cobrar sus sueldos porque no justifican el trabajo que realizan. Junto con ello las autoridades nacionales deben reajustar sus salarios para poder paliar la realidad que nos toca seguir confrontando y que durará mucho tiempo. 

Está por demás mencionar la realidad del grueso de la población con trabajo informal, que seguro incrementará a consecuencia de la pandemia. Por ello, los políticos que cobran jugosos sueldos deben sacrificarse al igual que el 60% de la población en informalidad. 

Es momento de que las más de 5.000 autoridades que hay en el país dejen de representar un gasto, es tiempo de exigir cuentas y un reajuste de salarios; no es justo que pierdan sólo los de abajo. Si se tiene que exigir al pueblo a asumir las medidas que los expone a una inestabilidad, también las autoridades tienen que dar razón a la famosa frase que siempre dicen: “Servir al pueblo”, si eso es cierto, exijamos una reducción de salarios y si no justifican su trabajo que les compete que no cobren ni un centavo.