La noticia de la existencia de 800 sueldos mensuales que eran depositados en cuentas de personas que no trabajaban para el municipio cruceño, ha sido una enorme bofetada para el buen nombre de la administración que permitió ese delito, su capital moral estaría profundamente disminuido, como lo estaría el del gobierno de Evo Morales a partir del escándalo del fondo indígena. En este caso, el problema es que el número de cómplices es enorme. (Aunque tal vez no lo sean todas las personas involucradas en este robo. Es posible que algunas hayan sido víctimas del robo de sus identidades).
Tengo que decir que la acusación parecía tan estrafalaria, que uno tiene la obligación de dudar de su veracidad, para colmo, la justicia boliviana, no merece la menor credibilidad. La acusación además, provenía de un espacio contaminado por pasiones bajas de desamor y despecho. Como sabemos de personas inocentes no solamente acusadas, sino condenadas, vale recordar que todo acusado debe ser considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.
Dadas estas consideraciones, parece ser que hay mucho de cierto en la acusación, y esto nos pone ante dos situaciones, por un lado, la (posible) increíble mañudería de ciertos funcionarios públicos, y su real sensación de impunidad, un robo cometido con tantos testigos es solo posible porque quien lo comete se siente completamente protegido.
Por el otro lado está la facilidad con la que tantos ciudadanos de a pie se dejaron corromper, no solo robaron al Estado lo que ellos recibieron, incluida eventualmente una membresía en la seguridad social, sino lo que robaban los organizadores de esta red delictiva.
Hay muchas formas de tratar de entender este fenómeno de una especie de democratización de la corrupción, tiene que ver, seamos generosos, con grandes niveles de pobreza, aceptar ser parte del robo, puede ser parte de historias tremendamente tristes, de personas que necesitan para sus padres, o para sus hijos un tratamiento médico que podría darles la caja por ejemplo. L a necesidad tiene cara de hereje, decían nuestros antepasados.
Pero puede también ser resultado de una desmoralización general, producto de la falta de confianza en el Estado. En un Estado que aunque estrangula a unos cuantos contribuyentes, deja a la mayoría de sus ciudadanos sin ser molestados por el cobro de impuestos, un Estado que permite los robos como los del Fondioc, que hace compras directas para evitar las fiscalizaciones. Un estado que permite que en la mayoría de las entidades públicas solo se pueda hacer un trámite aceitando la maquinaria. Un Estado que hace gastos millonarios que son insulsos como el uso del helicóptero de tiempos de Morales, o el mantener un costosísimo avión presidencial en tiempos de Arce.
Si el caso de los llamados ítems fantasmas es real, nos estamos enfrentando ante un delito con una enorme cantidad de delincuentes y cómplices, de hecho, la denunciante es posiblemente también una cómplice de las fechorías del acusado. Y eso en realidad nos confronta con algo que puede ser visto como la punta de un iceberg, (solo que no de hielo). O dicho de otra manera, con un síntoma de un mal generalizado, somos posiblemente una sociedad amoral, el ama sua y el ama llulla, es un cuento chino.
Bolivia es un país pobre, y si nadie robara seguiría siendo un país pobre, pero no quepa la menor duda de que esta corrupción generalizada termina haciendo que los pobres sean más pobres, o sufran de mayores carencias. No es un problema de un partido político, o de una región, es un problema nacional, y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. No conozco la receta, pero ciertamente, pero ciertamente no habrá solución posible si se busca culpabilizar al adversario político, o peor, si se busca un chivo expiatorio.
Agustín Echalar es operador de turismo
