Desesperación, impotencia y frustración es lo que se percibe en la realidad detrás de una ley que lo menos hace, es garantizar una vida sin violencia a las mujeres. Hasta ahora, por parte de autoridades, hemos visto más que acciones concretas, show político, como lo son la declaratoria del año contra el infanticidio y feminicidio, por parte de la expresidenta Jeanine Añez, y las políticas de despatriarcalización que prometió Arce en 2020.
La cuestión es que si con la apertura a modificaciones de la Ley 348 por parte del Ministerio de Justicia se hagan realidad o, nuevamente, se queden en buenas intenciones. Hasta ahora, lo que es real es la retardación de justicia en casos de violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el sentido de la Ley si no se la aplica?
Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios en Sudamérica. Desde la implementación de la Ley 348, cada año pasa el centenar de mujeres que son brutalmente asesinadas producto de la violencia machista. En 2020 hubo más de 30.000 denuncias de otros tipos de violencia, datos que lastimosamente rebasan las intenciones de dicha Ley. El grado de impunidad es alto, porque al final el sistema judicial termina cansando a quienes buscan justicia.
La burocracia, teniendo como resultado largos procesos, falta de investigadores e insumos, además de un costo económico, termina en una denegación de justicia a las víctimas.
Buscar justicia en Bolivia después de ser violada, golpeada, ultrajada o, peor aún, cuando una mujer es asesinada, implica toda una serie de procedimientos legales, que además de ser costosos y que representan una alta demanda de tiempo no tienen un resultado positivo. Ello demuestra que el primero que vulnera los derechos y quien solapa a los violentos es el Estado.
Las modificaciones de dicha Ley son de carácter urgente, dado que ofrece mucho y cumple poco. El aparato judicial es reducido ante una problemática tan grande como el de la violencia que sufrimos las mujeres día a día. Un aspecto necesario para tener un verdadero avance es la asignación de recursos suficientes para la implementación de esta Ley. Todo esto debe ir de la mano de políticas de prevención que debiliten las bases patriarcales en las que estamos atrapados como sociedad, sólo así podremos encaminarnos a una reducción de casos de violencia y garantizar una vida libre de ésta.
El canalizar miradas de los movimientos feministas y de las críticas es necesario para modificar la normativa, palpando la realidad desde la realidad, y no pretender hacerlo solamente desde un escritorio.
La Ley 348 parte de una concepción ideal de justicia que desconoce la desatención cotidiana que sufren las víctimas. La implementación no muestra un verdadero impacto dadas sus falencias.
Una primera vía es la reasignación del presupuesto acorde a la problemática, ello dependerá de determinaciones desde las autoridades del Estado. Y, sin duda, el rol de las organizaciones y de los movimientos es crucial para hacer un seguimiento de forma continua. Estaremos alertas.
Evelyn Callapino Guarachi es politóloga, docente universitaria y fundadora de Mujer de Plata.
Twitter: @EvelynCallapino
