Desde el año 2000, Bolivia ha sufrido un aumento en los incendios, quemándose en promedio 3.7 millones de hectáreas cada año entre 2001 y 2020, según un informe reciente de FAN y WCS. En 2019, la cifra alcanzó los 5 millones de hectáreas, afectando principalmente a Beni y Santa Cruz. Además, FAN Bolivia, con apoyo de RAISG, muestra que en 37 años se perdió un total de 7.9 millones de hectáreas de bosque, reduciendo la superficie forestal de 63 a 55 millones de hectáreas en 2022.
La deforestación e incendios en Bolivia están intrínsecamente ligados a aspectos estructurales de su economía, como la pobreza, el desempleo, migraciones, la falta de innovación tecnológica en la agropecuaria y una visión agrarista del Estado. Una práctica que agrava este problema es la entrega de tierras fiscales en el oriente boliviano con propósitos electorales. En regiones altiplánicas, valles y ciudades capitales de departamento se han asignado cientos de miles de hectáreas de tierras fiscales de bosques orientales a familias e individuos, algunos sin experiencia agrícola y con propiedades en sus regiones de origen. Aunque algunas asignaciones buscan beneficiar a personas de bajos recursos con fines agropecuarios, la mayoría tiene objetivos especulativos para su venta a medio plazo. Estos beneficiarios ven la concesión de bosques como "dinero caído del cielo", mientras los otorgantes creen asegurar votos y lealtad futura.
No obstante, la falta de conocimiento de estos colonos improvisados resulta en errores en las prácticas agrícolas en el oriente, traduciéndose lamentablemente en incendios incontrolados. Esta falta de experiencia agrícola contribuye al deterioro ambiental y al aumento de los riesgos de incendios forestales. En conjunto, estos elementos conforman un ciclo perjudicial que amenaza tanto la estabilidad económica como la sostenibilidad ambiental de Bolivia.
Por otro lado, grandes empresarios de la agroindustria y ganaderos, con el objetivo de maximizar beneficios, son responsables de la expansión de la frontera agrícola a costa de la eliminación de bosques. A pesar de la expansión, la producción no se corresponde proporcionalmente. Por ejemplo, la producción de soya oscila entre 2 y 2.3 toneladas por hectárea, significativamente inferior a la de Brasil, Argentina y Paraguay, que alcanzan entre 2.7 y 3.5 toneladas por hectárea. Esto implica una reducción de la producción nacional de soya entre un 25.92% y un 34.29% en comparación con estos países. Ante esta baja producción, la solución adoptada es incrementar la extensión de plantaciones.
Otro ejemplo de ineficiencia es la quema extensiva por ganaderos del Beni para aumentar la producción de pastizales, pero los datos del Producto Interno Bruto Pecuario del 2022 muestran que los beneficios obtenidos (Bs. 1.690.812.425) no justifican el daño ambiental. En contraste, Santa Cruz, con una producción ganadera semi intensiva, generó Bs. 2.911.531.872. Esta discrepancia destaca la necesidad de reevaluar estrategias ganaderas del Beni para garantizar sostenibilidad ambiental y económica.
La perspectiva agrarista ha dejado su marca en las políticas públicas desde la década de los cincuenta, considerando los bosques como un obstáculo para el desarrollo económico. Esta orientación ha impregnado profundamente a Bolivia, dado que una gran proporción de su población se emplea en el sector agropecuario, asignación que resulta ineficiente. Al analizar las estadísticas del Banco Mundial sobre el empleo en el sector agrícola, que representa el porcentaje del empleo total, se destaca que Bolivia ostenta un 29,23% de empleo en este sector. En comparación, Argentina registra un 7,65%, Brasil un 9,68%, Chile un 6,58%, Paraguay un 19,71% y Estados Unidos un 1,66%. Esto evidencia que Bolivia tiene una cantidad significativa de trabajadores en el sector agrícola en relación con una producción reducida.
En síntesis, la solución implica adquirir y aplicar conocimientos tecnológicos en la producción de alimentos, reduciendo la dependencia de la agricultura extensiva y modificando la perspectiva gubernamental, alejándola de visiones agraristas y de prebendas electorales. De este modo, las tierras de los bosques no deben ser consideradas simplemente como una mercancía lucrativa para un segmento de la población en el presente, sino que se debe evitar que esta ganancia sea a expensas de la futura pobreza de toda la nación boliviana
El autor es analista socioeconómico
