Hace unos días se publicó el ranking del Índice de Democracia 2023, elaborado por la prestigiosa revista británica The Economist, con casi 180 años de historia. Este estudio, basado en una encuesta de percepción a nivel mundial, sitúa a nuestro país en la posición 20 de un total de 24 países latinoamericanos en lo que respecta a democracia, superando únicamente a Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba. A nivel mundial, nos ubicamos en el puesto 106. ¿Podríamos decir que estamos en una situación desfavorable hasta este punto?
No obstante, al profundizar en el análisis de los indicadores y la trayectoria del ranking de The Economist desde 2006 hasta 2023, se evidencia que Bolivia ha fluctuado entre las posiciones 17 y 20. A lo largo de las últimas dos décadas, el país no ha logrado mantener un nivel democrático tan elevado. Se observa un descenso en todos los indicadores, siendo especialmente preocupante la disminución en la puntuación de los procesos electorales, que ha pasado de 8.33 puntos sobre 10 en 2006 a 4.33 puntos, reflejando una creciente desconfianza en la transparencia de las elecciones. Asimismo, resalta la alarmante caída en el indicador de tolerancia política, que ha descendido a 1.25 puntos, siempre por debajo de los 4 puntos sobre 10. En resumen, los bolivianos hemos evidenciado un aumento en nuestra intolerancia en las últimas dos décadas, lo que plantea la interrogante sobre cómo era nuestra situación anteriormente. Para abordar esta cuestión, es imprescindible retroceder en nuestra historia.
Desde el inicio de su independencia, Bolivia ha atravesado diversas etapas marcadas por el autoritarismo y eventos violentos dirigidos contra políticos, autoridades y presidentes, que han culminado en atentados, asesinatos, heridos, encarcelamientos y exilios. En los primeros años posteriores a su nacimiento como nación en 1828 y 1829, se destacan trágicos sucesos. Ejemplos abundan, como el atentado sufrido por el presidente Antonio José de Sucre el 18 de abril de 1828, donde resultó herido por dos balas con la intención de forzar su renuncia. Pocos meses después, el 1 de enero de 1829, el presidente Pedro Blanco fue cobardemente asesinado por dos capitanes, quienes lo atacaron con espadas mientras se encontraba herido y desarmado; su cuerpo fue arrojado a una quebrada cercana.
La violencia no cesó en los años siguientes. El 11 de junio de 1849, el expresidente Eusebio Guilarte Mole fue asesinado por soldados del presidente Belzu. A su vez, Belzu cayó en 1865 a manos de Melgarejo en circunstancias espectaculares. Seis años después, en 1871, el General Aurelio Sánchez mató de dos tiros a Mariano Melgarejo. El General Agustín Morales gobernó el país entre el 15 de enero de 1871 y el 27 de noviembre de 1872, siendo asesinado de un tiro por su sobrino Federico La Faye.
El expresidente Jorge Córdova fue asesinado el 23 de octubre de 1861 por órdenes del coronel Plácido Yáñez, junto con medio centenar de detenidos. Hilarión Daza, otro expresidente, perdió la vida en Uyuni, Potosí, el 27 de febrero de 1894, mientras rendía cuentas sobre la Guerra del Pacífico. Posteriormente, el 15 de junio de 1917, José Manuel Pando fue asesinado tras ser torturado. Germán Busch Becerra, presidente en su momento, se suicidó, aunque se especula que fue asesinado el 23 de agosto de 1939. Gualberto Villarroel fue colgado de un farol frente al palacio de gobierno en 1946. Más tarde, el presidente Barrientos falleció en un accidente dudoso, mientras que el expresidente Juan José Torres fue encontrado muerto el 2 de junio de 1976 después de haber sido secuestrado. Además, varios líderes políticos han sido exiliados y han sufrido embargos de sus patrimonios, víctimas de una serie de abusos y persecuciones.
Para comprender las causas profundas de esta situación, es necesario realizar un análisis sociológico y antropológico más exhaustivo. Sin embargo, a simple vista, parece que una parte significativa de la población boliviana y sus líderes exhiben rasgos autoritarios y dictatoriales arraigados, mostrando una resistencia al diálogo, la negociación y la crítica constructiva. Esta visión polarizada de la actividad política, con divisiones entre patriotas y antipatriotas, amigos y enemigos, refleja una mentalidad que no favorece el progreso democrático del país.
En resumen, la situación reflejada en el índice de democracia de The Economist muestra un retroceso en lugar de un avance para Bolivia, a pesar de los avances democráticos que el país ha experimentado en ciertos períodos de su historia, como la celebración de elecciones libres y justas en el periodo 1982 - 2006. Estos logros, sin embargo, han sido eclipsados por la persistencia de estructuras autoritarias arraigadas en la sociedad y la política bolivianas. La falta de instituciones sólidas, la corrupción generalizada y la polarización política han obstaculizado el desarrollo democrático del país, perpetuando un ciclo de inestabilidad y desconfianza en las instituciones gubernamentales. Esta situación revela que gran parte del pueblo boliviano y sus autoridades parecen no haber evolucionado hacia un espíritu democrático en dos siglos, manteniendo un ciclo de abuso de poder, violaciones a los derechos humanos e injusticias.
El autor es analista Socioeconómico
