Bolivia se encuentra en una encrucijada crucial, enfrentando desafíos urbanos significativos generados por las presiones demográficas y la gestión limitada de recursos. La rápida urbanización ha sido un fenómeno destacado, evidenciado por la migración masiva de la población rural hacia las áreas urbanas en busca de oportunidades económicas. Este cambio demográfico acelerado ha generado tensiones palpables en la calidad de vida de los habitantes urbanos, quienes se enfrentan a desafíos abrumadores en la provisión de vivienda, transporte, educación y atención médica.
Con la urbanización en ascenso, las ciudades capitales de departamento e intermedias se ven confrontadas con otro desafío crítico: la limitación de recursos. Las autoridades locales se encuentran sometidas a restricciones financieras y administrativas considerables al intentar satisfacer las demandas de una población en rápido crecimiento. La falta de inversión en infraestructuras clave, como sistemas de transporte público eficientes y servicios básicos, agrava la brecha entre la oferta y la demanda, convirtiendo la gestión eficiente de recursos limitados en una necesidad imperante para garantizar un desarrollo urbano equitativo y sostenible.
Los fondos asignados por el gobierno central a los gobiernos municipios son restringidos. En el año 2022, se destinó un promedio de aproximadamente Bs. 942 por habitante en las ciudades capitales. Específicamente, las asignaciones fueron de Bs. 921 en Sucre, Bs. 797 en La Paz, Bs. 764 en Cochabamba, Bs. 760 en El Alto y Bs. 750 en Santa Cruz.
Para hacer frente a estos desafíos, Bolivia debe adoptar estrategias futuras que aborden de manera integral la rápida urbanización y la gestión eficiente de recursos. La planificación urbana a largo plazo, con la participación activa de la ciudadanía, se torna esencial para identificar áreas propicias para el desarrollo y garantizar la implementación efectiva de normativas de construcción. Además, es imperativo adoptar un enfoque integral en la gestión de recursos, implementando políticas que fomenten el uso sostenible del agua, la energía y otros recursos naturales.
Las proyecciones demográficas indican un continuo proceso de urbanización en Bolivia, anticipando que para el año 2032, el 92% de la población residirá en áreas urbanas. Esta tendencia plantea desafíos adicionales, ya que las ciudades deben gestionar de manera eficiente la llegada de nueva población. La asignación desequilibrada de recursos públicos, donde apenas el 24,5% se destina a las alcaldías, intensifica la presión sobre los municipios.
Este nuevo contexto nacional puede tener consecuencias negativas significativas, incluyendo la reducción de la producción agrícola y una mayor dependencia de productos alimenticios de países vecinos. Además, la falta de absorción de la población migrante por el mercado laboral puede incidir en un aumento de la marginalidad y la delincuencia.
Para afrontar este escenario, es esencial profundizar y aplicar adecuadamente la descentralización. Los gobiernos municipales, fortalecidos por la participación ciudadana según la ley de participación popular, son más idóneos para abordar las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía. Sin embargo, esto requiere una comprensión compartida entre el gobierno central y la ciudadanía sobre la necesidad de proporcionar los recursos y competencias necesarios para gestionar adecuadamente este contexto migratorio.
En conclusión, los desafíos urbanos en Bolivia, derivados de las presiones demográficas y los recursos limitados, exigen una respuesta estratégica e integrada. La adopción de políticas urbanas integrales, la gestión eficiente de recursos y la descentralización se presentan como elementos clave para allanar el camino hacia un futuro urbano más equitativo y próspero para todos los bolivianos.
El autor es analista socioeconómico
