La semana pasada tenía que iniciarse uno de los juicios más descabellados de esta parte del mundo, desde cuando Atahuallpa fuera condenado aquella fría noche de junio de 1533. El método no es tan nuevo, como se puede ver, el último sapan inca fue condenado por un crimen que no cometió, porque tal crimen simplemente no existió, él no cometió un regicidio, porque su hermano no era el legítimo soberano, y se inventaron esa figura para justificar el aniquilamiento de un hombre/símbolo que, aunque había perdido el poder, aún era muy incómodo. Y porque los nuevos poderosos de turno querían consolidarse como tales.
Cuarenta años después de la injusta ejecución de Atahuallpa, su sobrino Tupac Amaru, corrió la misma suerte, fue juzgado y condenado por un delito que jamás cometió, puesto que, no siendo vasallo del rey de España, difícilmente pudo haberlo traicionado. Una vez más, fue la política, la consolidación del nuevo régimen. El arquitecto de ese nuevo régimen, fue un político y estadista genial, de gran talla, que sin embargo fue tremendamente cruel e injusto con el joven y desdichado príncipe incaico.
El problema de los juicios que antecedieron a la condena de estos dos exgobernantes, el primero del gran imperio incaico, el segundo, del raquítico estado de Vilcabamba, es que estos fueron llevados por jueces que eran parte del poder que quería llevar a la muerte a los acusados, fueron juicios imparciales, injustos, fueron inaceptables aún en esos lejanos tiempos, aunque al final, la corona se hiciera de la vista gorda por la conveniencia de la desaparición de las dos personas que fueron ejecutadas.
Casi 490 años después del primer episodio mencionado, estamos presenciando una vez más un juicio con similares características, quiero decir, un juicio que no busca ni la verdad, ni castigar un crimen, sino simplemente busca castigar a los perdedores del nuevo orden político, ensañándose con sus cabezas visibles, como es el caso de la ex presidenta Añez, que nunca está demás reiterarlo, asumió la presidencia por sucesión constitucional, y ante el vació de poder creado por el Morales y su entorno, para revertir las circunstancias que lo llevaron a su renuncia.
Hoy en día, aunque es posible que eso sea más una idealización, que la realidad, el ciudadano de buena índole, cree que un juicio pretende buscar la verdad de un hecho, y a partir de esta “verdad” se juzga a los actores, condenándolos o sobreseyéndolos.
En el juicio contra la señora Añez, aparte de que tenemos las mismas circunstancias, de hace cinco siglos, en que es el poder mismo el que hace de juez y parte, tenemos de la misma manera una negación completa de la verdad, y una charada llamada juicio, donde todos los actores ligados al gobierno saben perfectamente su libreto.
Aunque el masismo clama que no es venganza, sino justicia lo que busca, lo cierto es que lo que busca es lo mismo que hace 5 años buscó el secretario de las seis confederaciones de productores de coca del trópico cochabambino, que además era presidente de Bolivia, eternizarse en el poder y aplastar a cualquier posible oposición.
El juicio contra la señora Añez es fundamentalmente político, y es injusto por su propia naturaleza, las personas correctas, sean o no masistas, tienen que sentir asco de este procedimiento, y tratar de frenarlo.
Este juicio deslegitima al gobierno del Presidente Arce, no solo por el curioso hecho de que si el de Añez hubieras sido un gobierno inconstitucional la elección del actual gobernante no debería ser válida, sino porque un buen gobierno no puede avalar, un bodrio jurídico de este calibre.
El día viernes, cuando se supo que dos militares habían pedido un juicio abreviado, reconociendo haber participado de un golpe, dos cosas me vinieron la mente, estar ante una, interesante pero canalla, forma de perjurio, o ante una variante de la inquisición en sus peores tiempos, y al mal olor que despide todo el aparato judicial boliviano, se añadió uno a carne quemada.
Agustín Echalar es operador de turismo
