Una narrativa descriptiva de las características generales del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 son las siguientes:
A. Exposición de motivos
Las variables económicas esperadas utilizadas en el PGE 2024 son: una tasa de crecimiento económico de 3,71% menor en 1.15 pp; tasa de inflación similar a la esperada al 2023; un déficit fiscal superior en 0,31 pp al esperado al 2023 y se mantendría el tipo de cambio en una banda cambiaria de (+) y (-) 10 (ver cuadro).
Otro dato económico es el precio del barril de petróleo que se utilizo es $US71,0.
La economía boliviana es pequeña y abierta respecto al total de la economía mundial, y vulnerable a los shocks externos y tomadora de los precios internacionales.
A nivel interno la economía transita a una diversificación productiva mediante la política de sustitución de importaciones e industrialización.
La política económica del “Gobierno” continuaría con gastar más de lo que recauda en impuestos y financiado la diferencia con el crecimiento de la deuda pública.
B. Proyecto de ley
El presupuesto agregado 2024 es Bs 340.317.970.486 y el presupuesto consolidado de Bs 265.558.034.072, que significa un incremento de 7,3% y 8,9% respectivamente con relación a la gestión fiscal 2023.
El monto de Bs 10.000.000 es asignado para la subvención de alimentos e hidrocarburos.
El monto de inversión pública asignado para el 2024 son $US 4.274 millones.
Mantiene la línea de asignación de gastos presupuestarios iniciadas desde el 2006 a las empresas públicas estratégicas generadoras de excedentes económicos y empresas de producción de ingresos y empleos, siguiendo el cumplimiento del plan de desarrollo económico social (PDES) 2021-2025
Autorización de la Asamblea Legislativa al órgano Ejecutivo para la emisión de los bonos soberanos por $US2.000 millones el 2024 como una fuente de financiamiento programado, para cubrir el gasto público.
Autorización al Ministerio de Planificación del Desarrollo para que suscriba un contrato de crédito externo por $US700 millones.
Aumento del capital al Banco Unión con recursos del TGN.
Se autoriza las alianzas estratégicas de las empresas públicas del nivel central para la colocación de las inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país.
Un título de Disposiciones Adicionales con tres componentes que corresponden ser tratadas en otras leyes específicas.
Un título de Disposiciones Finales con dos componentes con incisos de comienzan desde la a) hasta la x) que fueron aprobadas en gestiones anteriores y señalan que se mantienen vigentes el 2024.
Una narrativa prescriptiva de la característica esperada del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024:
No es muy diferente del que prevalecieron en anteriores gestiones pasadas como fue: el incremento del PGE agregado y consolidado; tipo de cambio fijo; expansión del gasto público (corriente y de capital); elevado déficit fiscal, desahorro público, deuda flotante, crédito externo, crédito interno y continuar con una política económica de redistribución del ingreso, creación de empresas públicas y sustitución de importaciones en un marco de capitalismo de Estado modelo de transición hacia un sistema económico socialista, que debería revisarse exhaustivamente porque no es sostenible por el elevado nivel del gasto público (suprimir duplicación de funciones en las entidades; eliminar viajes y viáticos y sustituir virtualmente; publicidad; escala salarial; etc.) que tiene que reducirse.
Los ingresos públicos por la exportación de gas serían menores respecto a gestiones anteriores, que significará menor ingreso de divisas y depósitos en las cuentas fiscales, baja recaudación tributaria, coparticipación tributaria y regalías respecto al período 2006-2013, y los gastos por la subvención de los derivados de hidrocarburos y alimentos elevados, que requiere realizar un análisis exhaustivo para resolver el problema.
El artículo 15 (Alianzas estratégicas a través de empresas del nivel central que se autoriza para la colocación de las inversiones con empresas nacionales o extranjeras que podrán constituir sociedades de economía mixta o suscribir Asociaciones Accidentales de acuerdo con el Código de Comercio, debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado que se asemeja parcialmente al proceso iniciado en el siglo XX denominado la Capitalización, para atraer inversión no es suficiente incentivo para que los inversionistas arriesguen su capital porque el control de la empresa no la tendrían que es la principal diferencia y además no se cuente con los pesos y contrapesos entre los órganos del Estado, exista justicia y libertad con instituciones fuertes que supriman los elevados costos de transacción que tienen que incurrir el sector privado.
Los gastos fiscales corrientes serían cubiertos con los ingresos fiscales corrientes y los ingresos de capital no serían suficientes para financiar la inversión pública, brecha fiscal que serían financiados con crédito público porque ya no se cuenta con un espacio fiscal[1], sin embargo, el PGE para el 2024 continúa elevado y tendría que racionalizarse cuidadosamente.
La ratio PGE/PIB para el 2022 y 2023 fue 79% y 80% respectivamente y para la gestión 2024 sigue la tendencia creciente, de igual manera, los gastos del Tesoro General de la Nación (TGN) se elevan porque son recurrentes e inflexibles a la baja, como son el pago de salarios, renta vitalicia, servicio de la deuda pública, los programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas, así como las subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y servicios básicos, sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es posible lograr la racionalización del gasto público, achicando el tamaño del Estado central porque a nivel subnacional rigen las autonomías y descentralización.
C. Conclusiones y recomendación
Por todo lo mencionado en el presente análisis las cuentas públicas esperadas 2024 tendrían los siguientes problemas:
El problema central no es el gasto público en sí mismo, sino el financiamiento.
Se continuaría recurriendo al crédito público interno y externo afectando a la generación presente y futuro de los bolivianos al asumir el compromiso de utilizar los ingresos públicos, para amortizar el capital y el pago de intereses.
Para honrar la fe del Estado, como sucedió en la presente gestión 2023 que no se tuvo otra alternativa de utilizar las barras de oro para pagar el servicio de la deuda externa, en la actualidad y para próxima gestión fiscal se tiene una restricción que es la situación de la declinante tendencia a la baja del flujo de divisas y el stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia.
Los desembolsos de deuda externa al país que son los ingresos de dólares que incrementan el flujo y stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia serán menores al servicio de la deuda externa que son las salidas de dólares que disminuirán el flujo y stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia.
La deuda interna alcanzo un elevado monto que, de continuar con la tendencia creciente para la próxima gestión, pondría en riesgo la estabilidad económica.
En el proyecto de ley hay varios artículos y Títulos que corresponden ser tratados en otras leyes específicas y no en la del presupuesto en cumplimiento a los principios presupuestarios como el de “Exclusividad” que en teoría impide el ejercicio de una suerte de contrabando normativo, que es la actividad por la incluye en la ley de presupuesto normas que no tienen relación directa con el presupuesto[2].
Se aconseja una revisión exhaustiva de cada uno de los artículos del PGE 2024 y las cifras de gasto y fuente de financiamiento que tienen que contar con respaldos como: resumen ejecutivo; datos desagregados; contratos de créditos suscritos y cronograma de desembolsos; servicio de la deuda pública externa e interna; informe ejecutivo de estados financieros de empresas públicas, convenios de donaciones suscritos con montos y fechas de desembolsos, cuentas nominativas de las entidades públicas, deuda flotante, etc.
[1] El espacio fiscal es la disponibilidad de recursos para financiar un incremento en el gasto público sin comprometer la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno o la estabilidad de la economía (Heller 2005).
[2] Son pilares de la organización y desarrollo del proceso presupuestario, orientados por una serie de postulados medulares con la finalidad de servir de guía a toda acción presupuestaria.
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
