El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no fue un día para celebrar, fue un día para visibilizar nuestra lucha, para visibilizar que estamos cada vez más unidas para reivindicar nuestros derechos.
El movimiento va creciendo y la sociedad se incomoda porque cuestionamos la subordinación de las mujeres; cuestionamos al sistema patriarcal que está cómodo en los cimientos de la sociedad boliviana; cuestionamos al Estado que es el principal cómplice de la violencia hacia las mujeres; cuestionamos a la sociedad que se muestra indiferente ante estos hechos atroces.
En menos de tres meses, feminicidas, de la manera más atroz, terminaron con la vida de 24 mujeres. En febrero Mónica Olmos, Nayeli Lizarazu, Beatriz García y Margarita Maldonado, después de ser ultrajadas, fueron asesinadas y las encontraron enterradas en el Chapare. Ellas fueron víctimas de un crimen organizado; bien se sabe que ese lugar es tierra de nadie, es una zona roja por el narcotráfico y trata, donde las mujeres fácilmente llegan a ser un punto fácil de vulneración. El cuerpo de cada una representa la debilidad del Estado y su incapacidad de alcance para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia porque los grupos que están ahí son más fuertes que sus instituciones.
En menos de tres meses, según la Fiscalía General del Estado, se registraron 7.634 delitos inmersos en la Ley 348. Parece sólo un número alarmante, pero es mucho más que eso. Detrás de cada uno hay una familia en llanto e impotencia, con papeles en mano, peregrinando de escritorio en escritorio, buscando justicia para aquella mujer, adolescente o niña golpeada, violada o ultrajada, o, peor aún, asesinada.
Cada una se enfrenta a un monstruo burocrático que la vulnera, la cansa, teniendo como resultado una retardación, seguida de una denegación de justicia en la mayoría de los casos. Esta cifra representa sólo a los casos reportados, lo que está lejos de la realidad, porque hay muchísimos más que no llegan a ser denunciados.
En febrero salieron a la luz alrededor de 150 denuncias de universitarias de la Universidad Católica Boliviana. Atala, aprovechando su estatus social, las dopaba, las violaba y era encubierto por sus amigos, quienes no lo denunciaron. Al ser un caso mediático, el violador fue detenido. La única verdad de todo esto es que es una situación que está presente en todas las universidades de Bolivia, porque vivimos en una cultura machista donde las mujeres nos llevamos la peor parte.
Hay más de 7.000 casos que lastimosamente no tendrán una respuesta y muchos quedarán en la clandestinidad, porque no todos los casos son mediáticos; no todos los casos tienen el mismo apoyo, porque no se trabaja desde lo estructural.
¿Qué podemos celebrar si esta es nuestra realidad? Cada día existen violaciones, abusos, acoso en absolutamente todos los ámbitos y el Estado no responde en la medida que se necesita, y la sociedad es parte de ello.
La misma historia tiene una deuda con las mujeres, es por eso que salimos a las calles ante tanta vulneración e injusticia. Seguimos con el legado de mujeres quienes lograron inmiscuirnos en espacios que se nos eran negados.
Con Mujer de Plata desde Potosí también fuimos parte de las movilizaciones del 8 de Marzo, siendo la voz de quienes ya no están, siendo la voz de quienes no pueden denunciar. Exigimos a las instancias que asignen un presupuesto ante estos hechos violentos que sufren muchas mujeres, pero no para gastarlo en viajes o salarios; esta asignación debe ser en beneficio de las víctimas y, ante todo, en prevención desde la deconstrucción de patrones patriarcales.
Evelyn Callapino Guarachi es politóloga, docente universitaria y fundadora de Mujer de Plata.
