La Paz, 17 sep (ANF).- La Iglesia Católica plantea al gobierno la declaración de una amnistía para detenidos y perseguidos políticos, pide justicia ecuánime y reitera el rechazo al proceso penal que el Ministerio Público inició en contra de tres medios de comunicación social.
“Nos permitimos también sugerir, en aras de crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos”, que están encarcelados, exilados son refugiados políticos, que “están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia”.
Los prelados señalan que “es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad, sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos”, señalan los pastores episcopales.
“Muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido”, agrega el mensaje presentado, este lunes, por los Secretarios General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Oscar Aparicio, y Adjunto, monseñor Eugenio Scarpellini.
Al mencionar como ejemplo la demanda judicial que autoridades gubernamentales han instalado en contra de tres medios de comunicación: ANF, Página Siete y El Diario, los pastores episcopales señalan: “Nosotros, junto a numerosas voces de la sociedad civil, reafirmamos nuestro rechazo a esta medida y pedimos que se actúe de acuerdo a la vigente Ley de Imprenta”.
“Los Obispos de Bolivia, reunidos en el Consejo Episcopal Permanente, hemos compartido la preocupación que nos han transmitido varios grupos y sectores de la Iglesia y la sociedad, respecto a algunos aspectos de la realidad actual de Bolivia y ofrecemos nuestra palabra desde los criterios de la fe cristiana”, puntualiza el mensaje.
Además señalan que ven “hechos consumados que nos alarman de aquella situación que ya denunciábamos en nuestra Carta Pastoral del mes de marzo del 2011”, en la cual señalan que “en la práctica, no sólo algunas personas sienten que van perdiendo libertades, sino que éstas se recortan en muchos casos mediante la retardación de justicia, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial, creando un clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria, al no encontrar suficientes garantías de un juicio justo e imparcial dentro de ella”.
Este escenario, ya declarado el año pasado, “lejos de mejorar, ha ido empeorando, poniendo en grave riesgo la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad”, remarca el mensaje de los prelados, dado a conocer este lunes.
“Continuar con esa instrumentalización de la justicia resquebraja seriamente las bases democráticas de nuestra convivencia que tanto esfuerzo han costado a muchas personas e instituciones y además proyecta una imagen negativa ante el mundo acerca de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales en nuestro país”, remarcan. //JTI//
