La Paz, 14 Dic. (ANF).- Cumpliendo la resolución emitida por el juez Primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, del distrito judicial de La Paz, este martes representantes del Ministerio Público intervinieron en garaje ubicado en la avenida 24 de septiembre de la ciudad de Santa Cruz, para secuestrar los 40 vehículos de colección propiedad del empresario Humberto Roca Leigue, que se encuentra en España recibiendo tratamiento debido a un cáncer renal.
Desde la capital cruceña se informó que la intervención a los predios donde se hallaban los vehículos estuvo dirigida por representantes del Ministerio Público, bajo un fuerte control policial, que fue impedido de ingresar en el garaje por familiares y simpatizantes del empresario y Presidente Ejecutivo de AeroSur, que se apostaron al ingreso del inmueble. La policía tuvo que utilizar agentes químicos ante la protesta de la ciudadanía.
Los hermanos del empresario denunciaron el abuso que cometieron los funcionarios del Ministerio Público cuando intervinieron los predios y se llevaron los vehículos, alegando que en Bolivia no se respeta el derecho de las personas. Desde España, Roca, calificó de abusiva la acción de la justicia boliviana y dijo que este es un castigo para los bolivianos que piensan diferente al Gobierno de Evo Morales. Aseguró que el proceso que se le sigue en su contra es ilegal.
Hace algunos días, Roca Leigue, fue imputado por el fiscal Edward Mollinedo por los delitos de enriquecimiento ilícito y discriminación, a consecuencia de las declaraciones al periódico paraguayo ABC Color, donde dice que "Bolivia tiene masas ignorantes que votan por tres ponchos amarillos y una lata e alcohol" lo que le valió el proceso por enriquecimiento ilícito y por discriminación. También señaló que compró un avión a un narcotraficante mexicano.
El empresario se encuentra en España sometiéndose a quimoterapias producto del cácer renal que padece, por lo que según sus abogados, se hace imposible su presnecia en territorio boliviano. Por esta razón el juez Guerrero dispuso su arraigo, la declaratoria en rebeldía, y se emitió la orden de aprehensión.
En cuanto a las acciones legales que realice el Gobierno para garantizar el traslado de Roca Leigue a Bolivia para que responsa por los casos que se le imputa, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que debe ser las autoridades judiciales quienes tienen que tomar determinaciones. “esas se remiten a la Cancillería que hace los trámites diplomáticos sobre estos temas”, afirmó.
Sin el ánimo de anticiparse a los hechos, dijo que si Roca no retorna a Bolivia, se podría emitir la orden de captura internacional a través de los conductos regulares.
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