La Paz, 26 de mayo de 2022 (ANF).- El Documento de análisis de la conflictividad social de la Fundación Unir revela que en Bolivia hay niveles muy bajos de cohesión social por posiciones enfrentadas irreductibles. El predominio de los conflictos en el país está vinculado a temas económicos y con carácter distributivo.
Unir hizo un estudio de la conflictividad social en Bolivia en el período noviembre de 2021 a marzo de 2022 e identifica varias características, donde las demandas se concentran principalmente en niveles del Estado.
La conflictividad “es resultado de la existencia de posiciones enfrentadas –con frecuencia de manera irreductible– sobre diversos temas, lo que revela que en Bolivia hay niveles muy bajos de cohesión social, escasas posibilidades de gestión de los asuntos por las vías institucionales, de diálogo constructivo y de visualización de horizontes comunes”, se lee en una de las conclusiones del Documento.
Remarca que el predominio de los conflictos está vinculado con la situación económica por la que atraviesa el país que, como resultado de la progresiva reducción del crecimiento y de la pandemia, afecta tanto a las arcas públicas como a la economía de la población.
Las demandas sociales tienen un carácter fundamentalmente redistributivo como la reproducción social con un 43% y las demandas transformativas referidas al reconocimiento y realización de cambios con un 20%, señala Unir.
De acuerdo al análisis, los sectores que participan mayoritariamente en conflictos sociales son urbanos (90%), lo cual se vincula al hecho de que casi 70% de la población vive en ciudades. Los actores de la conflictividad social son tradicionales (70%) y nuevos (30%).
Las entidades del Estado son el centro de las demandas sociales que se distribuyen en el Gobierno central con un 30% y los gobiernos locales con 26%, “lo que invierte la situación previa a la pandemia y muestra la permanencia del centralismo”.
El Documento advierte el incremento de la cantidad de conflictos con relación a 2020 y 2021, habiéndose recuperado en febrero y marzo de 2022 los niveles previos a la pandemia.
En general, indica, los conflictos fueron moderados: en un cuarto de los casos anunciados no se llegó a ejecutar medidas de presión; en casi la mitad se registraron medidas no violentas (marchas, plantones, vigilias etc.); y, en 11% se produjeron enfrentamientos violentos entre grupos de la sociedad civil o con fuerzas del orden y se destruyeron bienes.
En los departamentos de La Paz y Oruro se registraron los hechos más violentos (25% y 21%, respectivamente), seguidas de las ciudades de Cochabamba y Oruro (17% cada una) y la ciudad de La Paz (8%).
Los sectores involucrados con mayor frecuencia en conflictos violentos son el de pobladores organizados o no (26%), gremiales (20%), campesinos (14%) y educación (12%).
Los sectores demandantes con capacidad de lograr satisfacción a sus demandas, refiere Unir, son aquellos que congregan a gran cantidad de miembros y que tienen posibilidades de movilizarse (poseen condiciones mejores que las de subsistencia), así como de ejercer una presión significativa (bloquear carreteras, procesos productivos, etc.) por su ubicación en sectores estratégicos.
“Aquellos sectores que no cuentan con esas capacidades difícilmente son atendidos”, apunta.
Unir concluye que la mitad de los conflictos no encontró solución, quedando vigentes o en latencia, que podrían reactivarse en el futuro y solamente en 9% de los casos se llegó a acuerdos parciales o totales.
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