La Paz, 16 de marzo de 2023 (ANF).- El promedio de nuevos encarcelados en Bolivia era de 1.000 por gestión, aunque en 2022 se incrementó a al menos 7.000, unas 580 personas al mes. Pero este número no refleja un avance en frenar la violencia, la delincuencia o la impunidad del crimen organizado. Los datos develan que quienes están en las cárceles son en su mayoría personas acusadas de narcomenudeo y pequeños robos.
Además, los detenidos son hombres y mujeres en situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que llevan una carga promedio de 700 casos, según el Ministerio de Justicia.
Son, de acuerdo a datos del Censo Carcelario, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, en el sector artesanal u obrero, que trabajan toda la semana, sin descanso para lograr su manutención y la de su familia.
Tres instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y dos leyes bolivianas se refieren a la excepcionalidad del uso de la detención preventiva. Pero pese a las recomendaciones reiteradas de las organizaciones internacionales como la CIDH, Bolivia ha continuado con el uso abusivo de la detención preventiva, que se explica por la combinación de varios factores como las constantes reformas a la legislación, la falta de capacitación de los jueces y fiscales, la corrupción, la presión social y mediática y el uso de la medida cautelar como un arma política.
La Agencia de Noticias Fides le invita a leer el reportaje “Detención preventiva, un sistema abusivo que quita la libertad a los más pobres”, una realidad latente que criminaliza a los más pobres. (Pulse el botón VER en el siguiente recuadro. Se recomienda usar el navegador Chrome)
