Caso Aramayo: El Ministerio Público encubre y protege a responsables de torturas y muerte

A quien habría que investigar, señaló, es a los jueces que de forma ilegal tuvieron detenido a Aramayo desde el 2017 y hasta la fecha en que falleció con más de 200 causas abiertas.

Con este “absurdo judicial” lo que la fiscalía busca decir es, agregó Valda, que “hay un caso abierto por lo sucedido con Aramayo” cuando sabe que no va a prosperar y muestra de ello es que “en ocho meses no hubo ningún acto investigativo”.

“No se ha hecho un solo acto investigativo porque el Ministerio Público encubre y protege a quienes perpetraron estos delitos” en contra de Aramayo, dijo Valda a ANF.

El Ministerio Público es el menos interesado en esclarecer todos los abusos y la muerte de Aramayo porque la “barbarie jurídica” vino justamente de esa entidad, aseveró el abogado Héctor Castellón.

“Es el Ministerio Público quien ha sido utilizado por el Fondo Indígena para generar esta barbarie jurídica porque no hay otro apelativo, entonces no creo que el Ministerio Público tenga mayor interés en realizar una investigación seria”, remarcó.

La fiscalía no consiguió hasta la fecha ninguna sentencia por tortura al ser parte de un sistema permisivo y cómplice de este delito de lesa humanidad, como lo muestra el reportaje Bolivia “El Paraíso de los Torturadores”.

El 19 de abril de este año perdió la vida Marco Antonio Aramayo producto de la tortura judicial infligida por jueces y fiscales que le armaron más de 200 procesos judiciales por acusaciones sobre un mismo delito, con el propósito de extinguirlo físicamente en la cárcel, según las denuncias, como finalmente ocurrió.

El número de procesos que se le instauró a Aramayo es una clara muestra de que se generó una “tortura judicial” porque “uno no puede defenderse en nueve departamentos, en más de 50 municipios y siendo llevado y depositado en más de 30 centros carcelarios”, remarcó Valda.

El jurista recordó que desde abril de este año cuando presentó la denuncia junto a Guadalupe Cárdenas y la exsenadora Carmen Eva Gonzales tras la muerte de Aramayo, los tipos penales eran homicidio, incumplimiento de deberes, tortura, vejaciones, privación de libertad, corrupción, retardación de justicia, entre otros, y “el único tipo penal admitido por la fiscalía fue el de retardación de justicia y en contra del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien no administra justicia”.

El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) sacó un informe completo sobre los tipos de torturas sufridas por Aramayo y entre ellas están las psicológicas, físicas e incluso sexuales.

El estudio “El disfuncionamiento de la Justicia. Tortura y otros malos tratos infligidos a Marco Antonio Aramayo” elaborado por el ITEI señala que “tal es la historia procesal sin fundamento legal que ha motivado la redacción de esta publicación, que muestra paso a paso los actos de incumplimiento del Estado boliviano frente a los derechos fundamentales y judiciales de un ciudadano”. 

El informe hace una sistematización del tipo de actos cometidos por la justicia y la policía, quienes transgreden a menudo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura que Bolivia ratificó en 1999. Además, “muestra el no respeto a la vida, ya que se ha puesto en riesgo la vida del Sr. Aramayo en repetidas ocasiones, dejando graves secuelas físicas y psíquicas en su integridad, sin que nunca se haya emitido ninguna denuncia por parte de las autoridades que están sujetas a la obligación de denunciar vulneraciones de DDHH”.

“Se puede considerar a las autoridades implicadas en este caso como directamente relacionadas a actos de tortura, ya sea en calidad de autores o de cómplices”, se lee en el informe.

Castellón considera que el Ministerio Público ha minimizado el informe del ITEI y “va a decir que no lo conoce formalmente, pese a que se ha hecho todo un trabajo de difusión pública”.

La familia de Aramayo y la defensa realizan gestiones para iniciar las denuncias correspondientes a nivel nacional e internacional con el propósito de esclarecer “quiénes son los responsables de estos hechos y por qué se ha tratado así a una persona que fue quien denunció el caso del Fondo Indígena”, refirió el abogado.

“Estoy seguro que al empezar el próximo año ya se van a tener mayores novedades respecto a las acciones que se van a seguir”, apuntó.

Castellón remarcó que este hecho tan cruel no puede quedarse en nada, “este hecho tiene que ir precisamente a buscar un restablecimiento de lo que ha sucedido con Marco, desde un punto de vista jurídico moral, sobre todo”.

Enfatizó que en tiempos democráticos no puede ser que exista “una tortura tan cruel contra una persona, hecho que no ha existido siquiera en la época de la dictadura, porque ha Marco le han aplicado una tortura sistemática por siete años, o sea ese nivel de crueldad no es digno de un período de democracia”.

“Yo creo que las autoridades tienen que estar interesadas en develar quiénes son capaces de hacer este daño para evitar que en nuestro país vuelva a pasar algo similar, porque todos los bolivianos corremos el riesgo de que nos pase una situación similar”, enfatizó.