La Paz, 18 de abril de 2025 (ANF). - El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad que presentó el senador evista Luis Adolfo Flores contra varios artículos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, relacionados con los créditos internacionales y la pignoración de las reservas de oro.
“Lamentablemente no han aceptado las medidas cautelares, pero si la han admitido y esperamos que a la brevedad posible resuelvan esta acción de inconstitucionalidad. En este caso, corresponde resolver cuáles de los artículos que hemos solicitado son inconstitucionales y muchos son de créditos”, informó el senador.
Tras la aprobación de la Ley 1503 del PGE por el Gobierno de Luis Arce, en febrero de esta gestión, el senador evista presentó un recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP contra varios artículos de la norma.
Los artículos observados son el 13, 14 y 19, las disposiciones adicionales sexta y séptima, y el parágrafo I de la disposición final primera de la Ley Financial. El senador dijo que todo convenio que contemple créditos externos debe ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa, tal como establece la normativa vigente.
“Muchas de las solicitudes de créditos pasarían los 6.000 millones de dólares y son inconstitucionales porque la Asamblea Legislativa evalúa y ellos los han incluido en el PGE sin pedir autorización, incluyendo la pignoración del oro”, manifestó.
El artículo 13 del PGE autoriza al Ministerio de Economía la emisión de títulos en mercados externos por hasta $us 3.000 millones. Mientras que el artículo 14 faculta a esa misma instancia emitir garantías por $us 1.000 millones en deuda mediante emisión de títulos valores.
A la vez, el enunciado 19 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) emitir títulos de deuda en mercados externos poniendo en garantía las reservas de oro. Además, se le faculta firmar convenios de prestamos con entidades públicas, privadas de organismos multilaterales sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.
La disposición séptima, que es rechazada por diferentes sectores sociales, impone facultades a múltiples instituciones estatales para el decomiso y confiscación de productos a los actores de comercialización de alimentos. Esa norma está actualmente frenada por una resolución que emitió el TCP.
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