La Paz, 19 de junio (ANF).- El diputado Wilson Santamaría sospecha que en la indemnización a la empresa chilena Quiborax existen posibles indicios de un “consorcio ilegal” que operó en contra de los intereses del Estado y en beneficio de una compañía transnacional.
El legislador dijo que las autoridades de Gobierno están en la obligación de esclarecer temas centrales en el proceso de defensa del Estado, porque hay temas “inexplicables” y “extrañas” en la demanda que al país le costó un pago millonario de 42 millones de dólares.
El opositor espera que la Fiscalía General del Estado actúe con la misma diligencia, con la que ha convocado al expresidente Carlos Mesa para explicar sus actos en el caso Quiborax, para llamar a declarar al exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce o al resto de procuradores que pasaron por esa instancia estatal para que respondan un cuestionario que ayude a esclarecer el caso.
“Por qué no conciliamos hace nueve años cuando podíamos pagar 3 millones de dólares en vez de 42 millones de dólares, segundo y terriblemente escandaloso es que se haya enviado información de la posible sentencia desde la Procuraduría a nuestros denunciantes, eso en Bolivia es consorcio, un consorcio ilegal para afectar los intereses del Estado”, declaró el legislador.
Anunció que un equipo jurídico analiza una “adscripción” a la demanda de Mesa, con el objetivo de impulsar una investigación que podía ser a través de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa, pero que duda que el partido gobernante acepte esta opción.
Pero el diputado Lino Cárdenas desestimó la conformación de dicha comisión especial, porque –dijo- que no tienen ningún efectos, porque “las investigaciones se politizan y no quedan en nada, no llegan ni a la Fiscalía, se quedan ahí. Tantas investigaciones que hemos tenido”, sostuvo.
Por otra ruta, el senador Yerko Núñez planteó este martes una petición de informe escrito para que el Gobierno explique todas las demandas que enfrenta el Estado boliviano por los procesos de “nacionalización” de las empresas bolivianas.
La solicitud de información está dirigida al Procurador Pablo Menacho, “para que el pueblo conozca la cantidad de empresas nacionalizadas que hemos tenido a lo largo de estos años, las condiciones de los arbitrajes, los resultados o fallos, la cantidad de recursos que el Estado ha tenido que pagar”.
Las acciones se realizan ante la “preocupación” que han generado las contradicciones en el caso Quiborax, las intenciones de acuerdo, las gestiones del Gobierno y las posibles irregularidades en la defensa del Estado, que al final derivó en el pago de 42 millones de dólares.
El MAS
Sin embargo el MAS no cree necesaria una investigación a las autoridades gubernamentales por sus acciones en el marco de la demanda entre Bolivia y la compañía Quiborax.
El diputado Lino Cárdenas lamentó que “el expresidente recurra a la chicana jurídica, para tratar de desmentir crímenes que cometió contra la economía nacional”, sostuvo en relación a la demanda en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; el procurador, Pablo Menacho y la exautoridad Elizabeth Arismendi.
El diputado del oficialismo sostiene que existe una irregularidad de origen, que es “el decreto supremo de revocatoria para quitar la concesión a la empresa”, cuando el proceso era en primera instancia de carácter administrativo a través de la Superintendencia de Minas, en ese entonces.
Otro tema que alega el partido gobernante es que en la gestión de Mesa no se hicieron las auditorias sobre las empresas que no estaban cumpliendo con el Estado en el marco de la concesión que se les había otorgado en este caso a Quiborax.
Para Cárdenas está claro que un juicio de responsabilidades contra el exmandatario debe proceder porque existen los suficientes elementos de la irregular gestión.
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