La Paz, 3 de febrero de 2023 (ANF). - La instalación de
puntos fijos y móviles es la estrategia que puso en marcha el grupo de Juristas
Independientes para recolectar 1,5 millones de firmas que permitirá la reforma
parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) y, de esa forma,
transformar estructuralmente la administración de la justicia.
"Tenemos una estrategia que tiene dos brazos fundamentales: la primera es la instalación de los puntos fijos que están en ciudades capitales y provincias, donde la gente acude a nosotros. El segundo brazo son los libros móviles, donde los voluntarios van a buscar a la gente para que puedan ser parte de esta iniciativa", explicó a la ANF Juan del Granado.
El pasado miércoles 25 de enero, comenzó la cruzada nacional de recolección de rúbricas para el referendo de modificación parcial de la Constitución. La iniciativa tiene el respaldo de organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la Fundación Jubileo.
El abogado José Antonio Rivera afirmó que en seis días se logró recabar 100.000 firmas en todo el país, la mayor parte se concentra en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Dijo que esta semana les permitió hacer una evaluación del proceso y adelantó que habilitarán más puntos fijos en ciudades capitales y en el área rural.
A la vez, señaló que las instituciones aliadas están coordinando con los comités departamentales para instalar puntos fijos en parroquias y adelantó que a esta iniciativa se sumará la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas)
“Están apoyando en coordinación con los comités departamentales para instalar puntos fijos en las parroquias, desde la siguiente semana vamos a estar con la red Unitas para que nos apoyen a través de sus mecanismos, que nos permita incrementar el número de libros”, agregó.
Del Granado resaltó el apoyo de voluntarios que, sin ningún tipo de remuneración, están todo el día en los espacios habilitados, incluso los gastos de refrigerio y pasajes salen de sus bolsillos. En ese marco, dijo que se dispuso una alcancía donde la población podrá aportar con esos gastos y otros elementos que se requiere.
Boicot
Tras el comienzo de la iniciativa ciudadana, la bancada de senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) desahució la iniciativa y dijo que los plazos se cruzan con el calendario de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Consejo de la Magistratura. El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Luis Adolfo Flores, prevé que el proceso se desarrolle en abril.
El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que la reforma judicial se pueda aplicar para las elecciones judiciales de esta gestión. La autoridad señaló que la nómina de candidatos debe estar lista en abril, por lo que en su criterio la iniciativa ciudadana quedaría fuera de los plazos establecidos.
Al respecto, Rivera explicó que en caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cumplan los plazos establecidos en la norma, el referéndum se puede llevar a cabo en agosto. Por tanto, quedaría en suspenso el procedimiento en el legislativo. En caso de que ambas instancias retrasen los tiempos, no descalifica la propuesta porque es de ‘transformación estructural e integral a la justicia’.
Algunos funcionarios del Gobierno difundieron mensajes en redes sociales y grupos de WhatsApp desinformando sobre el proceso, alegaron que la recolección de firmas es para la creación de un partido político de la oposición.
En esa línea, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, cuestionó el proceso y aseveró que viejos políticos camuflados de juristas pretenden retornar al cuoteo de cargos en el órgano Judicial, a través de esa propuesta.
Del Granado reiteró que este proceso no es unos cuantos, sino, es en beneficio de toda la población. Destacó la adhesión del empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina. En ese sentido, dijo que invitó a los oficialistas a que se sumen a esta convocatoria que tiene el fin de acabar con la injerencia política en la justicia.
“Este ya no es el momento de los opinadores ni de los juristas, es momento de la gente. La gente, si concurre como lo está haciendo ahora y logramos nuestro objetivo, este proceso ya es irreversible”, resaltó.
Plazos
Los juristas tienen un plazo de 90 días para recolectar 1,5 millones de rúbricas, es decir, hasta finales de abril, luego, en 30 días el órgano Electoral deberá verificar si los libros cumplen los requerimientos exigidos. Posteriormente, en 15 días el TCP emitirá un fallo que viabilice el referéndum.
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