La Paz, 25 de enero (Brújula Digital-ANF).- El Gobierno inició una estrategia de acoso y persecución contra las ONG y otras entidades sin fines de lucro después de los sucesos del TIPNIS de 2011, cuando la VIII marcha indígena forzó a las autoridades a suspender el proyecto de construir un camino a través de ese parque nacional.
Diversos representantes de ONG han denunciado esa estrategia y además expresaron que sigue vigente hasta el momento.
“Desde el 2011 hay una acción sistemática del Gobierno para desnaturalizar el trabajo, públicamente desprestigiar a algunas entidades. Y (se busca) generarles una serie de contextos que restringen su acción. Medidas administrativas y legales, entre estas la Ley 351, de 2013, buscan su anulación”, dijo a Brújula Digital Marcos Marco Gandarillas, de la ONG CEDIB, una de las más presionadas.
Gandarillas agregó que se registra “un contexto marcado por una acción estatal que trata de evitar que algunas ONG desarrollen la actividad que han tenido en los últimos 30 años”. Con la aplicación de la nueva ley, estas entidades están en un “limbo jurídico”.
La ley es tan restrictiva que en 2015 el exrelator de las Naciones Unidas (ONU) para la libre asociación, Maina Kiai, calificó a la misma como “un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación” y dijo que ésta no cumple con los “estándares universales de libertad de asociación”.
En 2014, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de dicha norma y 19 de su decreto reglamentario, que limitan la libertad de asociación porque fuerzan a las entidades sin fines de lucro a apoyar las políticas gubernamentales. De no hacerlo, pueden ser disueltas y sus bienes confiscados a solo pedido de una autoridad.
Pese al esfuerzo del exdefensor Villena y del respaldo que recibió de Maina Kiai, el Tribunal Constitucional declaró la validez de la ley.
Instancias internacionales
Diversas ONG recurrieron en 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su derecho a libre asociación.
Las ONG que hicieron la petición, en Washington, fueron el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y también la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
La petición de las medidas cautelares se presentó para salvaguardar el derecho de libre asociación que es vulnerado por la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su reglamento.
Inicio de los ataques
Según una “cronología de ataques” a organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, publicada por el CEDIB, la campaña se inicia en el segundo semestre de 2009 cuando, en el contexto de exploración de hidrocarburos en el norte de La Paz, el presidente Evo Morales afirmó que algunas ONG obstaculizaban ese proceso.
Desde entonces, varias organizaciones no gubernamentales, por distintos motivos, estuvieron en la mira del MAS y de sus líderes, quienes no ahorraron adjetivos ni amenazas para algunas ONG e investigadores que forman parte de estas. Quizá el momento de mayor tensión se dio cuando el Gobierno expulsó a la danesa IBIS el 20 de diciembre del 2013 por supuesta “injerencia política”.
En agosto de 2015, el vicepresidente Álvaro García Linera amenazó con expulsar a cuatro de estas entidades: CEDIB, CEDLA y las fundaciones Tierra y Milenio. Luego amenazó a una quinta, Jubileo.
En ese momento, decenas de intelectuales de todo el mundo, entre otros los afamados intelectuales progresistas Boaventura de Sousa Santos, de Portugal, y Leonardo Boff, de Brasil, firmaron una carta de defensa de las entidades atacadas por el Vicepresidente y lamentaron la actitud autoritaria del régimen.
Hasta principios del 2012 se tenía el registro de más de 2.000 ONG que operaban en el país. De ese total, 144 fueron identificadas como extranjeras por una comisión especial legislativa. Dicha comisión se creó luego de que el presidente Morales denunciara de manera pública que existían organizaciones no gubernamentales dedicadas a la “conspiración”. En la actualidad no se cuenta con datos oficiales de cuántas existen.
Según el director de CEDLA, Javier Gómez, en administraciones precedentes a la de Morales también hubo cuestionamientos en contra de ONG; sin embargo, sostiene que lo que se vive ahora no tiene parangón. “Anteriores gobiernos no llegaron al nivel de agresión como en el actual”, expresó.
Si bien las sindicaciones y ataques públicos a ONG por parte del Gobierno son frecuentes, la diputada oficialista Sonia Brito asegura que “no hay ningún interés del Gobierno de irse contra las ONG”. En tanto que para el legislador opositor Gonzalo Barrientos es parte de las “decisiones antidemocráticas” de la actual administración en Bolivia.
Adaptarse a la Ley 351 y convertirse en “paraestatales”
“La situación de las ONG es en general difícil”, afirma Patricia Molina, directiva e investigadora del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade). Que las ONG se adapten a la Ley 351 significaría para éstas, asumen Molina y Gómez, reformular sus estatutos y ponerlos en sintonía sólo con aquello que le interesa al Gobierno.
“La 351 es un mecanismo copiado de Ecuador y Venezuela y también de regímenes como el ruso”, añadió Gómez. A su juicio, esta norma “es tan dura que en realidad estaríamos casi decidiendo la no existencia de cualquier grupo que se considere que no está dentro de los límites que te plantea, primero, el Plan Nacional de Desarrollo y, segundo, de la arbitrariedad de un funcionario sobre lo que es bueno o malo”.
Gandarillas dijo, por su parte, que la Ley 351 busca transformar a las ONG en organizaciones “paragubernamentales”, quitándoles su independencia.
CEDIB, especializado en temas de medioambiente, derechos humanos y desarrollo, ha sido una de las más perjudicadas. Recientemente, las autoridades cerraron sus cuentas bancarias. El año pasado, el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos, que es afín al Gobierno, suspendió un acuerdo para desalojar al CEDIB de unos predios que usaban desde hace décadas y que pertenecen a la Universidad. Eso obligó al traslado de su enorme archivo documental, que tiene 11 millones de artículos y otros documentos.
Respuesta del Gobierno
En su momento, cuando el relator de la ONU, Maina Kiai, dijo que esa norma era "un ataque” a la libertad de asociación, respondió el entonces ministro de Autonomías, Hugo Siles. “Los requisitos son básicos, en cualquier país del mundo nadie puede llegar registrar una institución y desarrollar actividades contrarias al Estado, incumplimiento las leyes, eso no le admite nadie en el mundo”, dijo Siles.
Coincide con esta percepción la diputada Brito quien recuerda que siempre hubo regulaciones para las ONG y que es necesario que exista un nivel de regulación y reglamentación. “De ninguna manera nuestro Gobierno pretende cercenar ni libertades ni derechos. Somos respetuosos de actividades de las ONG”, aseguró.
Sobre la situación actual de las ONG en el país, Molina explicó que algunas han optado por “hacer grandes modificaciones en general reduciendo su alcance o su nivel de actuación. Otras simplemente han desaparecido y las que quedan no tienen perspectivas fáciles”.
Añadió que si bien será difícil que el Gobierno las elimine es posible que se reduzcan a su mínima expresión y que “tendrán que ser muy creativas para resistir y sobrevivir”.
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