La Paz, 22 de enero (ANF).- A 13 años de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, la mentada justicia indígena originaria campesina, reconocida por la Constitución Política del Estado de 2009, continúa relegada y sin el verdadero apoyo e interés de las autoridades del Estado. Sus fallos, los contados que existen, deben ser validados por los máximos tribunales de la justicia ordinaria y aún así no son respetados. El Estado no designa presupuesto para la conformación de los tribunales indígenas y el actual ministro de Justicia les dijo que esta justicia "no es viable".
"No hay cumplimiento de la justicia indígena como manda la Constitución, el Gobierno y su ministro no nos quieren, somos como el hijo huérfano", dijo a ANF Daniel Cáceres, secretario de Justicia y Trabajo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
El inciso III del Artículo 192 de la Constitución Política del Estado señala que "El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas".
Si bien Cáceres reconoce algunos avances en la aplicación de justicia indígena con cuatro procesos en curso, sobre todo en su gestión que viene de 2020, éstos son insuficientes para ser destacados en 13 años de la fundación de un Estado que reconoce lo ancestral como el origen de su creación. La presencia de la justicia indígena apenas estaría en dos departamentos.
"Ahorita en Santa Cruz creo que ya está conformado un tribunal indígena, está empezando a caminar, después tenemos en Oruro, a través de los suyus y no hay en otra región más", señaló Cáceres.
Dijo que el tema del presupuesto y luego el de la pandemia hicieron retrasar la conformación de más tribunales, pero reconoce un problema de fondo con el actual ministro de Justicia Iván Lima, por lo que han pedido su cambio y esperan que a partir del 22 de enero, el Gobierno posesione a un nuevo ministro que sí los tome en cuenta.
"Nuestro actual ministro de Justicia no responde a la justicia indígena, no quiere a la justicia indígena, nosotros hemos pedido fraternalmente al hermano presidente Luis Arce que tiene que cambiar al ministro de Justicia para trabajar con un nuevo ministro", indicó.
Refirió que Lima conformó un comité de letrados "antiindígenas" para evaluar la viabilidad de la justicia indígena en la Constitución, y concluyó que "no es viable la justicia indígena y por lo tanto hay que sacarla de la Constitución".
"Por esto nosotros nos hemos quejado a nuestro hermano David Choquehuanca, diciendo que esto no puede pasar, que esto sería una abierta discriminación", reprochó el dirigente.
Cáceres dijo también que en una ocasión presentaron un proyecto al ministro Lima para el fortalecimiento de la justicia indígena, pero "poco o nada nos ha hecho caso, entonces no tiene voluntad de trabajar con los pueblos indígenas, nosotros en ese tema también pedimos su cambio", indicó.
Y otro detonante de esta mala relación es que los representantes de la justicia indígena tampoco fueron invitados a la cumbre de Justicia anunciada para marzo de este año. "No nos han convocado, seguramente como de costumbre siempre nos van a convocar a la última hora para decirnos cuántos tienen que participar, cuando esta convocatoria debería de consensuarse con las organizaciones del Pacto de Unidad, porque tenemos un equipo los dirigentes que estamos en la cartera de justicia indígena, como las Bartolinas, Csutcb, Conamaq, Cidod, interculturales", manifestó.
"Pero como el gobierno no nos quiere a la justicia indígena, no nos involucra en el tema y no nos han invitado", remarcó el dirigente.
El presupuesto, el elemento más importante para que exista y se desarrolle un proyecto o institución, no existe para la justicia indígena originaria campesina, según denunció Cáceres, lo que muestra también cuál es el interés de que esta justicia prospere y se instale en todo el país.
"Lamentablemente no hay un presupuesto para la justicia indígena originaria, pero la justicia ordinaria es como el hijo más mimado de la casa, mientras que para la justicia ordinaria le dan todo anualmente, como tres a cuatro millones para sueldos y salarios, aparte tienen sus comisiones, a la justicia indígena originaria se da cero, entonces no hay equidad, seguimos siendo hijos huérfanos, no nos dan importancia a nosotros", lamentó.
En ese sentido, Cáceres refirió que solo observando cualquiera se puede dar cuenta de que en tema de Justicia poco o nada se ha avanzado en el país, y que esto viene desde las gestiones de Evo Morales.
"Por eso la justicia en Bolivia está sobre los suelos, tanto la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria, pero poca importancia le han dado a la justicia indígena originaria, tanto el hermano Evo como el hermano Luis Arce, cuando es la clave para vivir en armonía, no encontramos justicia, buscamos justicia pero no estamos encontrando", apuntó.
Ante este relegamiento por parte del Estado, Cáceres dijo que las organizaciones indígena originarias campesinas organizarán eventos paralelos para mostrar su presencia y poder avanzar en la instauración de la justicia indígena en el país.
"Yo creo que así como los k´aritas están queriendo hacer sus cumbres, nosotros también vamos a emprender por este camino, vamos a hacer encuentros, seminarios, talleres, donde el pueblo tiene que estar posesionado, tiene que entender de su propia justicia y tiene que prevalecer; si tenemos que marchar vamos a marchar, si tenemos que salir a las calles, vamos a salir para hacer respetar la Constitución sobre la justicia indígena", apuntó.
Pero realizar estos seminarios y talleres también está en manos del Gobierno y depende de un financiamiento que pueda salir de la cooperación internacional, gestionado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Las esperanza de Cáceres de contar con una justicia indígena originaria campesina difundida en todo el país como manda la Constitución Política sigue siendo a largo plazo.
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