La Paz, 22 de septiembre de 2022 (ANF).- En 50 días, la justicia no logra instalar la audiencia de medidas cautelares en contra del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y cinco funcionarios acusados por la compra de 41 ambulancias; sin embargo, en el caso de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en "tiempo récord" la Fiscalía y la Justicia aprehendió, cauteló y envío la cárcel a tres dirigentes cocaleros, en ocho días.
El 4 de agosto, el 16, 29, 14 y este jueves 22 de septiembre, en estas fechas y en cinco oportunidades, por diferentes razones se suspendió la audiencia de medidas cautelares en contra del gobernador de Potosí y cinco funcionarios de la institución: Rubén M. M., Luis René L., Elegido P., Ramiro Luis Ch. y Jorge Pablo V. por el presunto delito de contratos lesivos al Estado.
El asambleísta departamental Jaime Flores informó que la audiencia cautelar fue suspendida por quinta vez, este jueves, por dos situaciones. La primera, porque Luis René L. se presentó sin su abogado; la segunda, por la presentación de incidentes y los acusados apelaron, todos tenían la obligación sacar fotocopias del expediente y legalizarlas para que sean trasladadas al despacho del juez, pero esto no sucedió.
“Es la quinta vez que se suspende esta audiencia, estamos indignados porque entendemos incluso que hay complicidad del órgano judicial en estas suspensiones de la audiencia de medidas cautelares (…) Son chicanearías, son dilataciones escandalosas es un irrespeto”, manifestó. Asimismo, dijo que la audiencia fue programada para este 28 de septiembre.
Según, la Fiscalía los acusados presuntamente ocasionaron un daño económico de más de un millón de bolivianos, en el caso de la irregular adquisición de ambulancias.
A este otro frente se encuentra el proceso en contra de los dirigentes de Adepcoca orgánica, organización que exige el respeto a su dirigencia, elegida de manera legal, y el cierre del mercado “ilegal” de coca que funciona desde el 19 de junio fuera de la Ley General de Coca (906), en la zona de Villa El Carmen.
Desde el 1 de agosto, los productores de coca se movilizaron en la urbe paceña. Realizaron una marcha de cinco días desde los Yungas y llegaron el 8 de septiembre, la masiva movilización terminó tomando y quemando de manera violenta el mercado paralelo. Al día siguiente, el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, exigió que la Fiscalía inicie una investigación.
Es así que el 14 de septiembre, en 24 horas fue aprehendido, detenido y enviado a la cárcel de San Pedro el máximo representante cocalero, Freddy Machicado, acusado por 15 delitos. Al día siguiente, la justicia actuó de la misma forma en relación a los tiempos en contra del dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uria investigado por el presunto delito de tráfico de armas.
La madrugada de este jueves, la Policía aprehendió al presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, acusado con los mismos 15 delitos que se imputó a Machicado. Miriam, hermana del cocalero, denunció que su hermano fue golpeado “torturado” al interior de las celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto.
En las próximas horas, la Fiscalía debe presentar la imputación formal para que luego sea presentado ante un juez de turno quien definirá su situación legal. “No sé lo que puedo decir a la justicia, no sé qué le puedo pedir porque no la hay (…) La Defensoría (del Pueblo) solo actúa para sus seguidores del partido azul, a qué Defensoría puedo pedir ayuda, qué justicia puedo pedir, a quién vamos a acudir”, se lamentó la hermana de Apaza.
La pasada semana, desde diferentes sectores políticos y sociales cuestionaron la rapidez con la que actúa el Ministerio Público y algunos jueces en el trámite de ciertos procesos, alertaron que cuando se trata de sindicados del MAS las diligencias son lentas, pero cuando son opositores actúan con celeridad.
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