La Paz, 6 de enero de 2023 (ANF).- Este 11 de enero vence el plazo para que el Estado boliviano responda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al informe preliminar sobre el caso "Terrorismo" y las ejecuciones en el hotel Las Américas de 2009. La Procuraduría General prepara el informe, manifestó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“El plazo vence el 11 de enero, el procurador general del Estado está en este momento elaborando los respectivos informes y él va a informar oportunamente al país, porque es la autoridad encargada de asumir la defensa del Estado en relación a estas temáticas”, declaró.
Reiteró que el próximo martes vence el plazo que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno a través del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, prepara una respuesta al informe preliminar que aprobó esa instancia internacional en diciembre de 2021.
Ese informe estableció que se produjeron ejecuciones durante el gobierno del expresidente Evo Morales, contra tres personas y otras dos que fueron detenidas y torturadas, ligadas supuestamente a un grupo armado y separatista que tenía como objetivo dividir el país.
Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés; murieron durante el asalto. Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro; fueron arrestados.
El operativo -a través de un grupo especial- de la Policía Boliviana fue ejecutado el 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz. Durante el proceso que duró más de una década tuvo muchas denuncias de irregularidades.
El informe de la CIDH para evitar que sea remitido a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que juzgará al estado boliviano, debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial.
Esto significaría que el Gobierno asuma acciones legales contra las exautoridades como el expresidente Evo Morales y otros que tomaron la decisión de las ejecuciones y quienes ejecutaron el operativo. Además, el informe prevé que deben existir una serie de reparaciones que deben tener el consentimiento de los demandantes.
El ministro Lima no dio mayores detalles del informe porque la CIDH dejó establecido que los informes están sujetos a principios de “reserva y confidencialidad que vamos a respetar”.
En relación a la filtración del informe preliminar que tiene precisamente ese carácter de confidencialidad, negó que haya existido preocupación en la CIDH. “No, no ha habido ninguna preocupación”, sostuvo, al insistir que el Estado cumplirá los plazos y procedimientos.
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