La Paz, 6 de marzo de 2023 (ANF). – El ministro de Justicia y la viceministra de Comunicación, Iván Lima y Gabriela Alcón, negaron este jueves que el artículo 281 del proyecto de ley 305 de “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” apunte a amordazar a periodistas y tenga la intención de coartar la libertad de prensa y amedrentarlos; anunció socialización de la iniciativa legislativa con el gremio periodístico.
“Deberíamos estar debatiendo un tema estructural, hay gente que está promoviendo discursos de odio, de discriminación, de racismo y eso no lo podemos permitir en una democracia. Le hemos planteado al país una propuesta, yo creo que vamos a pedir lo mismo que estamos haciendo con (el proyecto de) legitimación con los gremiales, reuniones permanentes con las asociaciones de prensa para lograr que se despeje cualquier tipo de dudas”, anunció Lima.
La autoridad explicó que el artículo 281, numeral 3, fue extraído de la Ley 045 Contra el Racismo y la Discriminación, vigente desde el 2010, tal cual se lee en el proyecto.
“El reclamo que se están realizando viene con 13 años de antigüedad porque esa norma está prevista en la Ley 045 del año 2010. De ninguna manera este artículo, no se ha cambiado una sola letra y no le va afectar al trabajo de los periodistas. La prensa está protegida por la Ley de Imprenta”, precisó.
Lima subrayó que la finalidad del proyecto de ley 305 es para combatir el racismo, discriminación y los crímenes de odio, debido a que con la Ley 045 no se llegó a la decena de sentencias en más de 13 años de vigencia de la norma. Dijo que en el país hay una necesidad de combatir todas las formas de racismo y los discursos de odio.
La viceministra de Comunicación afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce está comprometido con el respeto del derecho a la información, comunicación y al trabajo de la prensa.
Contexto
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales rechazaron al proyecto de ley 305 porque consideran que el artículo 281 vulnera la Constitución Política del Estado y es atentatorio para el ejercicio periodístico. La propuesta plantea que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no pueden alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación.
“Denunciamos que la referida ley 305, es otro intento de imponer una "ley mordaza", con la única intención de coartar la libertad de prensa y amedrentar a las y los periodistas que según la Ley de Imprenta no pueden ser juzgados en tribunales ordinarios sino por Tribunales de Imprenta”, afirma el gremio de periodistas en un comunicado difundido la tarde de este miércoles.
Ajpi: “A veces hacen preguntas absurdas”
El senador de la facción renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi dijo que el gobierno no encarcelará a periodistas como se pretende hacer creer lo que ocurre es que a veces la prensa “hace preguntas absurdas”, hacen responder y eso es interpretado como obstaculización al trabajo periodístico.
“De ninguna manera, ¿dónde se ha visto encarcelar (a periodistas)?, porque a veces son preguntas absurdas que ustedes hacen, y eso no es exacto, ustedes (se) hacen responder de esa manera y lo ven como una obstaculización a la libertad de expresión”, declaró Ajpi.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados envió a consulta el proyecto de ley 305 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado.
El artículo 281 (Septies, es decir VII) señala:
I. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio:
a) Difunda ideas basadas en la superioridad racial;
b) Promueva y/o justifique el racismo toda forma de discriminación;
c) Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios;
d) Incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios;
II. La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público cualquiera sea su rango o jerarquía
III. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
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