Cabildo de Comcipo. Foto: El Potosí
La Paz, 30 de septiembre (ANF).- El cabildo departamental realizado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) el domingo en el municipio de Uyuni, determinó llamar a movilizaciones de protesta y al inicio de un paro nacional indefinido desde el 7 de octubre en defensa de sus recursos naturales y en demanda de mayores regalías por la explotación de litio del Salar de Uyuni.
El cabildo demanda la anulación de los contratos con la empresa alemana Acisa y la china Xinjian TBEA Group, para la explotación del litio del Salar de Uyuni y Pastos Grandes, y por mayores beneficios por la explotación e industrialización del llamado “oro gris”.
Luego de un amplio debate y análisis respecto al “entreguismo” del gobierno central con leyes, decretos y otras normas “funestas a los intereses de nuestro país”, y en contra de nuestro departamento, el cabildo resuelve iniciar las movilizaciones del departamento de Potosí con el inicio de una huelga de hambre de representantes del departamento de Potosí en la Sede de Gobierno, desde el 1 de octubre.
Instruye a todas las asociaciones de residentes de Potosinos en todos los departamentos de Bolivia y el extranjero, al repliegue a sus organizaciones e incorporación a las movilizaciones de Potosí.
Declara Paro General Indefinido Departamental en defensa de los Recursos Naturales de Potosí a partir del lunes 7 de octubre.
El cabildo de Comcipo pide iniciar un Juicio de Responsabilidades en contra de las autoridades por realizar contratos lesivos al Estado y por traición a la patria.
También iniciar acciones unilaterales como departamento ante la Corte de La Haya en defensa de las aguas del Silala.
En las determinaciones se incluye denunciar al Gobierno Central ante instancias internacionales, por “violar los Derechos Humanos de los habitantes del departamento de Potosí”.
El cabildo departamental se solidariza y conmina al Gobierno Central a que declare desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía, e insta al cabildo del departamento de Santa Cruz a unirse a su lucha por la abrogación del Decreto Supremo 3973, que autoriza el chaqueo y desmonte en Cochabamba y Santa Cruz.
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