La Paz, 21 de julio (ANF).- El exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, enfrenta un proceso judicial por delitos de orden público por la masacre de El Porvenir, razón por la que su proceso continuará, inclusive si la totalidad de las víctimas desiste de continuar el juicio, explicaron abogados y exmiembros del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Fernández.
Este lunes, el senador cochabambino Arturo Murillo presentó públicamente los desistimientos al proceso contra Leopoldo de Jorge Borobobo Vaca; de Norah Montero viuda de Bernardino Racua (fallecido en Porvenir) y de Carlin Haensel Inuma, representante de las víctimas del 11 de septiembre y exdiputada del MAS.
Para el abogado de Fernández, Karlo Brito, los desistimientos significan que el proceso “no puede continuar”, en lo que respecta al caso de estas tres personas.
Sin embargo, a juicio del abogado Freddy Panique, exmiembro del Comité, los delitos por los que está procesado Fernández son de orden público y por más desistimiento que haya el Ministerio Público tiene la obligación de seguir el juicio como representante del Estado y la sociedad. Fernández es acusado por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.
“Por más que no haya querellantes, entonces el Ministerio Público de oficio debe seguir con el componente de que, de acuerdo con el nuevo Código de Procedimiento Penal, la víctima es toda persona damnificada por la conducta delictiva y dentro del proceso hay muchas víctimas que no se apersonaron, pero la ley los protege”, explicó en entrevista con la ANF.
A ese criterio se sumó Roberto Quiroz, abogado y exmiembro del Comité, quien precisó que con los desistimientos de Borobobo, Montero y Haensel Inuma sólo permite acabar con la acción civil del proceso, más no con la parte penal que tiene carácter público.
Pero las tres personas que desistieron se suman a los aproximadamente 59 que quedaron heridas por la masacre y que son parte del proceso porque presentaron sus denuncias ante la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (ASOFAM), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, organizaciones que componen el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Leopoldo Fernández, explicó Quiroz, quien también fue viceministro de Régimen Interior. Como querellantes también están los familiares de los normalistas y campesinos que fallecieron en esa fecha.
A criterio de Norah Montero, esposa de Bernardino Racua y considerada una de las principales denunciantes del caso, Fernández no tiene responsabilidad dentro de este caso. “La justicia no puede basarse en mentiras ni en verdades a medias. A nombre nuestro y de otras víctimas se acusa a Leopoldo Fernández de hechos que son objeto de juicio en los que él no tiene ninguna responsabilidad penal”, manifestó en su carta de desistimiento del proceso, al que accedió la ANF.
El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz es el encargado de llevar adelante el proceso. Los jueces y las partes actualmente se encuentran en Cobija, Pando, realizando una inspección ocular de los hechos en diversas poblaciones y localidades, entre ellas Porvenir, Tres Barracas, entre otros.
El caso Porvenir se remite al 11 y 12 de septiembre de 2011, cuando se suscitó la muerte de 13 campesinos por enfrentamientos con funcionarios de la Gobernación y cívicos de Pando en el municipio de El Porvenir. El caso involucra a Fernández como el autor intelectual de los hechos, aunque, según los desistimientos recientemente presentados, el exprefecto es inocente porque no estuvo presente en Porvenir donde ocurrieron los decesos de funcionarios y campesinos.
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