La Paz, 15 de julio de 2022 (ANF).- La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves, en grande y en detalle, el proyecto de Ley 249 que establece cuatro obligaciones específicas al sector gremial del país; entre ellas, “cumplir con las obligaciones tributarias conforme a la normativa vigente”.
La norma fue aprobada con la presencia de un grupo de dirigentes gremiales afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, la dirigencia nacional del sector rechazó el proyecto de ley y mantiene su posición para su eliminación total.
El artículo 5 del proyecto de Ley 249 establece cuatro obligaciones para los comerciantes del país: desarrollar sus actividades en el espacio de dominio público que le sea autorizado; comercializar con preferencia productos nacionales para fortalecer la economía y el desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia; cumplir las normas de inocuidad, calidad, medidas y precios en la comercialización de bienes y/o prestación de servicios, respetando los derechos de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores; y, cumplir con las obligaciones tributarias conforme normativa vigente.
En contradicción con lo estipulado en la norma, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró la pasada jornada que el contenido de la norma no representa “ningún tipo de persecución, ni amedrentamiento tributario, ni sanción” que atente contra la actividad económica de los gremiales.
La dirigencia nacional de los gremiales, a la cabeza de Francisco Figueroa, rechazó que la norma insista a su sector a someterse al actual sistema tributario porque tiene un carácter bastante perseguidor y abusivo. Por ello, anunciaron una propuesta de ley para modificar el código tributario en algunas disposiciones, como por ejemplo: disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 13% al 10%; reducción de 5 cinco años a la prescripción del periodo de fiscalización que actualmente son 8 años; cambio de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) a pesos bolivianos como valor en las multas impositivas.
Respecto a los supuestos beneficios para el sector, los artículos 7, 8, 9 y 10 repiten lo que ya está estipulado en otras normas vigentes y cuyo alcance es general para cualquier ciudadano, como por ejemplo: que todos pueden acceder a créditos del sistema financiero; acceso al programa de viviendas; aportes, de forma independiente, para una renta por vejez; y, acceso a la salud mediante el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito.
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