La Paz, 12 de junio (ANF).- El Gobierno actúa sobre los efectos de la violencia en la sociedad, cuando los hechos ya se han consumado, y no interviene sobre las causas mediante medidas de prevención para evitar la muerte de más mujeres y niños, señaló Marlene Choque Aldana, integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
Esta característica convierte a Bolivia en un Estado punitivo con un gobierno que actúa desde el populismo penal y propone medidas drásticas como nuevas sanciones, que en definitiva no resuelven el problema de la violencia. Y esta situación se agrava al carecer el Estado de políticas públicas para afrontar la violencia de género.
“Para mí el Estado boliviano es un Estado punitivo, que luego de los hechos va a castigar a los culpables, pero por qué no actuamos antes de llegar a esos hechos, a veces actúa desde un populismo penal tratando de querer aumentar penas, alargar esas penas”, dijo a ANF.
El populismo penal es un fenómeno cuyo origen se encuentra en las demandas populares de punición, y cuando se trata de construir leyes penales y debatir casi nunca hay expertos. Se cree que los únicos que saben qué Derecho penal quiere la sociedad y cómo debemos acabar con la delincuencia es el ciudadano común, y de estas demandas populares se aprovecha la élite política para sacar réditos.
Choque indicó que la violencia de género tiene efectos a distintos niveles como el individual, familiar y societal, lo que implica un costo y una pérdida para la sociedad, por lo que ella insiste en que el Estado debe actuar más en las causas y no en los efectos, porque “los efectos son como hacer un parche a algo que está mal, pero no resuelve el problema de raíz”.
Estela Quintana, fundadora y representante de Familias víctimas en busca de Justicia Bolivia, cuestionó el actuar de los órganos Ejecutivo y Legislativo del país sobre la violencia que azota a la sociedad, especialmente a mujeres y niños, sin que exista una política nacional para frenar las muertes.
Dijo que la muestra del fracaso de las comisiones y declaraciones que impulsa el Gobierno es que desde 2019 no encuentran justicia para sus familiares asesinados, mujeres y niños, y que por el contrario, la violencia se está incrementando y está provocando que la gente haga justicia por mano propia.
“Nos hemos cansado de que utilicen nuestro dolor para lucrar, porque las comisiones seguramente tienen que pagar a abogados, a todos los que conforman la comisión, para supuestamente ir a ver los casos de feminicidio, pero solamente están lucrando con nuestro dolor y no están llegando a cumplir con las expectativas que esperamos los familiares”, señaló a ANF.
Indicó que si los casos avanzan es por el esfuerzo e insistencia de los familiares debido a que el Estado y sus autoridades lo que hacen es poner trabas y perder pruebas, en un escenario de corrupción que solo favorece a los victimadores.
“De parte de estas comisiones no hemos recibido ninguna ayuda, no se ha podido encaminar de manera correcta, y la impunidad está creando inseguridad, está creando más violencia, si ahora la violencia está en su punto es porque no hay justicia”, apuntó.
Quintana evidenció que la experiencia ha demostrado que la sentencia ejecutoriada contra feminicidas no es garantía para que ésta se cumpla, debido a que hay recursos a los cuales el victimador puede apelar para salir libre, y resultado de esas medidas hay varios feminicidas libres.
“Tenemos muchos feminicidas que están estudiando, inclusive en la universidad, imagínese, y nuestras hijas bajo tierra, familias destruidas, todo el entorno social está destruido, y a los niños ya no se los puede recuperar porque no hay el apoyo multidisciplinario, las madres se quedan sin ningún centavo, muchas han perdido sus casas porque en algunos casos se ha revertido este proceso, y más bien son los agresores quienes piden resarcimiento de daños y perjuicios”, lamentó.
Sin voluntad política para las políticas públicas
La investigadora Marlene Choque indicó que si bien existe un marco normativo bajo el cual se han producido muchas normas para los distintos niveles del Estado en el caso de violencia, solo ha quedado en “proliferación normativa” y no se ha avanzado en el diseño de políticas por “falta de voluntad política” del Gobierno.
“No se ha avanzado de la norma a la política, y en el caso de que las haya en algunos ámbitos, no se las implementa porque no hay recursos y eso implica dar una gran cantidad de recursos”, refirió.
Choque señaló que a los gobiernos subnacionales se les ha dado unas series de funciones, como en temas de Educación y Salud, y los gobiernos subnacionales no tienen los recursos. Muestra de ello dijo son los SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) que máximo trabajan con tres funcionarios sin capacitación y sin el necesario equipamiento para atender la demanda que existe de la sociedad respecto a la problemática de violencia.
“Por eso yo diría que la intencionalidad se queda en mero discurso; dicen ‘tenemos derechos, hemos otorgado derechos a las mujeres’, pero no se concretizan”, refirió.
La investigadora observó que el Estado se ha desligado un poco de sus funciones y las ha cargado a los gobiernos locales, y estos no tienen condiciones para poder atender la demanda. “Requerimos de una institucionalidad fuerte, instituciones que tengan tecnología, que tengan recursos humanos capacitados, fortalecer todas esas instancias que tiene que atender” el tema de la violencia.
Dijo que al existir la Ley 348 Integral contra la violencia hacia la mujer, las políticas deben seguir esa línea de la norma, con un enfoque multidimensional y multifactorial, como es el problema de la violencia, por lo que “las políticas tienen que ser integrales y tienen que atender a todos esos elementos que implica la violencia de género”.
Agregó que en el caso de las parejas el problema de violencia se relaciona con temas económicos y dependencia emocional, por lo que los equipos en los SLIM tienen que contar con una psicóloga especialista, una trabajadora social que dé contención, médicos sensibilizados, investigadores, “todo el personal que sepa atender a la víctima y que no por falta de la fotocopia se postergue el seguimiento de un proceso”.
“Parece una cosa de mero detalle el hecho de que te pidan una fotocopia, pero cuando las mujeres están siguiendo sus procesos sacan permiso del trabajo para correr a la Defensoría, a la Fiscalía, y que por una fotocopia le hagan demorar media hora, esas mujeres pierdan su trabajo, eso nos está mostrando lo poco sensible que es este Estado de justicia”, apuntó.
Choque demandó de las autoridades una mirada integral que entienda el problema de la violencia, y que a la vez se hagan más estudios para profundizar en el tema, y la respuesta venga con esa multidimensionalidad, abordando toda la problemática que implica, porque “el problema de la violencia tiene que ver con educación, pero muchas veces tiene que ver con dependencia económica”.
“Las mujeres no rompen ese círculo de violencia por temor a no saber cómo atender luego a los hijos y ahí es donde el Estado debería darles oportunidades, mujer que sufre violencia debería acceder a un espacio laboral”, dijo.
“Tiene que ser una política integral, no solo contención, no solo de apoyo jurídico, sino también de apoyo económico, facilitarles la educación para sus hijas”.
Agregó que este tipo de institucionalidad es necesaria para que las mujeres víctimas no vuelvan con el agresor. “Muchas mujeres que han presentado denuncia tienen el problema de por no tener otro espacio, tienen que volver a veces a la casa del marido o a la casa de la suegra y eso no las ayuda a liberarse”.
Choque enfatizó de que si hubiera las posibilidades de ayudar a las mujeres con cosas materiales concretas, “las mujeres podrían hacer su vida más rápido”.
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