La Paz, 11 de agosto (ANF).- Pese a que la figura de la “colaboración eficaz” ha sido incorporada en diferentes legislaciones de países del mundo como un mecanismo para la lucha contra la corrupción y con resultados importantes, en Bolivia existe el riesgo de que la aplicación de esta medida derive en un uso abusivo y arbitrario de parte de las autoridades del Ejecutivo en contra de los contendientes políticos, debido a que en Bolivia “no existe una institucionalidad sólida con una justicia creíble”, señaló el abogado Germán Gutiérrez.
A esta situación se suma que el gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, se entromete en el proceso y se constituye en competente para “recibir, evaluar y determinar el alcance del acuerdo de colaboración eficaz”, junto al Ministerio Público, a través de los fiscales de materia especializados en delitos de corrupción, o el Fiscal específicamente designado por el Ministerio Público.
“Yo creo que es más un instrumento político que un instrumento jurídico de avance de la legislación boliviana en el ámbito penal y la lucha contra la corrupción”, dijo Gutiérrez a ANF.
Según la norma, la colaboración eficaz es un mecanismo que permite a las personas inmersas en la comisión de delitos de corrupción, favorecerse con determinados beneficios procesales otorgados a cambio de información veraz, oportuna y corroborable que permita esclarecer la comisión de hechos delictivos.
El jurista indicó que para que la colaboración eficaz funcione adecuadamente -porque también en diferentes partes del mundo puede haber observaciones severas respecto a las metodologías y resultados-, tiene que existir una condición previa.
En primer lugar, dijo, es que en el país donde se aplica la colaboración eficaz tenga una institucionalidad sólida, vale decir, que lo que esté por encima de la decisión política sea la norma, la ley, las reglas de juego establecidas; es decir, “tener básicamente una justicia creíble, una justicia con los mayores niveles posibles de independencia respecto a los otros órganos de poder”.
En segundo lugar, apuntó Gutiérrez, tiene que haber el “funcionamiento de una sólida democracia donde el Estado de Derecho sea el elemento fundamental, donde la ley y la legislación se imponga a la política y no como sucede hoy en Bolivia”.
Gutiérrez remarcó que, en este momento, como está la institucionalidad en Bolivia, la figura de la colaboración eficaz “se puede constituir en un instrumento de manejo abusivo y arbitrario de las autoridades del Ejecutivo en contra de sus contendientes políticos o en contra de aquellos que sencillamente no les caigan bien o hayan entrado en el escenario de la desgracia frente al poder político”.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda, dijo al respecto que “se debe presumir” que la justicia boliviana “es correcta” y que “los funcionarios son idóneos” y que quienes van a estar en esos cargos procesales de casos de colaboración eficaz “son gente idónea” para responden a las necesidades de la sociedad, al tratarse de un principio importante para combatir la corrupción, sin embargo, ve incorrecto que este tema deba estar en manos del Ministerio de Justicia.
“La colaboración eficaz es una figura muy adecuada a nuestras circunstancias, pero definitivamente no es el Ministerio de Justicia la instancia que deba coadyuvar en esta colaboración eficaz”, enfatizó Foronda en entrevista con ANF.
El jurista explicó que quien puede recomendar quien puede ser colaborador eficaz es el director funcional de las investigaciones, el fiscal, debido a que conoce todo el proceso, pero que el Ministerio de Justicia deba dar la autorización “definitivamente va contra la normativa procesal vigente y no resguarda los derechos de las personas porque ya tiene un tinte político”.
“Si el Ministerio de Justicia es quién va a decir quién colabora en lo eficazmente, estamos muy mal, eso se presta a malas interpretaciones, a temas políticos y vamos a entrar en una suerte de compromisos que van a generar muchos inconvenientes seguramente”, apuntó.
Para evitar esta situación, indicó que debe existir una normativa expresa que regule la colaboración eficaz y debe ser la institución encargada de las investigaciones la que establezca quién aplicará este principio y quién recomienda.
En similar sentido, Gutiérrez indicó que la figura de la colaboración eficaz debería ser aprobada por una ley de la República que otorgue a los diferentes órganos del Estado la capacidad de operar de manera independiente y “no constituir la colaboración eficaz en un mecanismo de extorsión, de opresión y de abuso del ejercicio del poder contra eventuales implicados”.
“Una colaboración eficaz tiene que ser a partir de la decisión del Órgano Legislativo, vale decir dictar una ley y no que dicte el Órgano Ejecutivo a través de su ministro con una resolución ministerial”, apuntó.
Cuestionó que el ministro de Justicia, como operador político del MAS, se haya asignado tareas que no le corresponden y que podría utilizar esta figura “para combatir al opositor, a aquel que piensa diferente, implicándolo en actos de corrupción de todo y de nada, como ha venido sucediendo”.
Gutiérrez señaló que la mayor cantidad de actos de corrupción se cometen en niveles del Estado -órganos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, alcaldías, gobernaciones-, por lo que “la norma que debe regular esta colaboración eficaz debe ser una ley que separe al Órgano Ejecutivo de la aplicación de la misma”.
Por ello mismo, agregó, esta figura en lugar de contribuir al esclarecimiento en temas de corrupción mediante la cooperación de algunas personas, “se convierte en un instrumento del Órgano Ejecutivo que de por sí es autoritario, para tener instrumentos que consoliden su autoritarismo respecto al ciudadano y básicamente respecto a la oposición”.
/LFC/
