La Paz, 10 Sep. (ANF).- Este domingo se cumplen tres años de la muerte de 13 campesinos que acaecieron en los sangrientos enfrentamientos en El Porvenir, Pando el 11 de septiembre de 2008. Autoridades y dirigentes cívicos piden la liberación del ex prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández por no contar hasta la fecha con una sentencia ejecutoriada.
Fernández, quien cumple detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, es un “preso político” en la opinión del jefe de bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Senadores, Bernard Gutiérrez, quien está a la espera de que en el marco de la Constitución Política del Estado se pueda proceder a la liberación del ex prefecto de Pando.
“No se ha dado un cumplimiento a los plazos procesales, no se respeta el principio y la garantía constitucional del debido proceso y lo peor es que está condenado en una cárcel de máxima seguridad sin contar con una sentencia ejecutoriada. Nadie puede dudar que es un preso político”, sostuvo el asambleísta a ANF, sobre quien fue el candidato a vicepresidente de Bolivia por Convergencia Nacional para las elecciones presidenciales del 6 de diciembre del 2009.
El legislador dejó en claro que las acciones que emprenderá CN desde la Asamblea Legislativa serán las de continuar con la denuncia de este proceso en todas las instancias nacionales e internacionales.
Otro sector que se pronunció al respecto fue el Comité Cívico de Pando, que no sólo pidió la liberación de quien fuese su prefecto antes de los hechos en El Porvenir, sino también de todos los detenidos por este caso.
“No sólo como Comité Cívico, sino todos los pandinos estamos seguros convencidos que ningún pandino mucho peor Leopoldo Fernández tienen un indicio de responsabilidad en estos hechos, por eso los pandinos pedimos al gobierno nacional y la justicia liberen a nuestros presos políticos”, mencionó Vicente Rocha, presidente del Comité Cívico de Pando, a ANF.
Una misa que recuerde a los 13 caídos de El Porvenir y la pronta resolución de este caso serán las acciones que emprenderá el Comité Cívico de Pando en los siguientes días, en razón a estos hechos que provocaron, además, que una serie de pandinos huya a Brasil para no ser procesados. Rocha dijo que no existe “paz” en Pando desde lo acontecido hace tres años.
“Quién estaba como ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es el directo responsable de todos los operativos que acontecieron en nuestro departamento”, sostuvo Rocha, quien pidió que los verdaderos responsables de estos hechos sean enjuiciados.
A esa opinión también se adhirió el senador por Pando Roger Pinto (CN), quien complementó que “los pandinos siguen perplejos por haber vivido tanta violencia”, más aún las familias que tuvieron que desunirse por la “persecución política” a la que estuvieron expuestos varios pandinos por parte “del gobierno y de la justicia”.
“Que se cumpla lo que dice la ley, que de cumplirse los tres años de manera automática debe darse la libertad de quienes ahora están detenidos, no sólo a Leopoldo Fernández, sino a una docena de ciudadanos que están detenidos sin el debido proceso”, pidió el legislador.
El próximo jueves se reanudará el juicio oral en contra de Fernández y los acusados por los hechos en El Porvenir, el juicio se ventila en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, instancia en la cual la defensa del ex prefecto presentará la solicitud de la cesación a la detención preventiva.
Karlo Brito, abogado de Fernández, indicó que la detención de Leopoldo se suscitó el 16 de septiembre de 2008, por lo que una vez pasada esa fecha, en esta gestión, presentará la solicitud ante el Tribunal para que proceda a la liberación de su cliente.
“Vamos a presentar, pero el plazo recién se vence el 16, porque el 16 de septiembre de 2008 ha sido detenido Leopoldo Fernández, por lo que recién se cumplirán los tres años este 16 de septiembre de 2011, en función a este plazo y a lo que establece la ley 007 vamos a hacer esa solicitud de cesación de detención”, manifestó el jurista a ANF.
La solicitud se enmarca en lo establecido en el numeral 3 del artículo 239 de la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, que a la letra señala: “La detención preventiva cesará: Cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia”.
Al respecto, la abogada de las víctimas de El Porvenir, Mary Carrasco, señaló que una vez presentada esta solicitud por parte de la defensa de Fernández, su persona y el Comité Impulsor del Juicio contra el ex prefecto procederán a impedir el mismo con el argumento de que Fernández provocó una retardación de justicia con una serie de recusaciones interpuestas a lo largo del proceso.
“Nadie que provoca la retardación en un juicio puede luego proponer beneficiarse con esa retardación, si fuese así la justicia, por supuesto que nunca vamos a encontrar justicia. Si la defensa va a provocar 32 recusación en la etapa preparatoria y va a provocar más de 42 suspensiones de audiencias de juicio y sumando a casi un año y medio de retardación de justicia, por supuesto que eso (la solicitud de cesación de detención) no es posible aplicar”, arguyó la abogada a ANF.
Brito acotó que Fernández no provocó retardación de justicia porque “se encuentra preso”, más al contrario la defensa del ex prefecto interrumpió el proceso, en reiteradas ocasiones, con el fin de que el mismo no cuente con vicios procesales.
“No es nomás llevar a cabo un proceso como sea y atropellando el procedimiento, nosotros lo que hemos observado es que se lleve adelante el proceso sin vicios procesales para evitar nulidades que por supuesto van a perjudicar a mi cliente, y eso es lo que vamos a seguir haciendo porque no vamos a permitir que se lleve un proceso con vicios procesales”, explicó Brito.
Sobre la solicitud de liberación de los demás detenidos por el caso de El Porvenir, la abogada Carrasco mencionó que no puede haber una “desigualdad de armas” entre acusados y víctimas, por lo que tampoco aprueba que los otros 25 acusados (entre presos, libres y declarados rebeldes) asuman su defensa en otra condición que no sea la establecida por el juez de la causa.
Leopoldo Fernández, en días pasados, declaró a ANF que el juicio en su contra es un "burdo montaje". “Es muy difícil que la ciudadanía no sepa que el principal responsable de lo que ha ocurrido en Porvenir el 11 de septiembre es el gobierno, que montó una propaganda histriónica, aparatosa y teatral para culpabilizar a Leopoldo Fernández”, señaló.
Fernández y sus colaboradores afrontan un juicio a raíz de los hechos acontecidos el 11 de septiembre de 2008. El ex prefecto es acusado por los presuntos delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.
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