La Paz, 15 de abril de 2024 (ANF).- La Veeduría Ciudadana detectó irregularidades en la habilitación de al menos ocho postulantes a las elecciones judiciales, según se desprende de su segundo informe preliminar, referido a la etapa de impugnaciones y recursos de revisión.
En concreto, se refiere a dos postulantes que estaban inhabilitados, pero que aparecen en la lista de habilitados; a tres aspirantes que no cumplieron con el requisito de los ocho años de experiencia y que pese a eso fueron habilitados; a dos postulantes que fueron habilitados luego de varias reconsideraciones exigidas por legisladores del MAS y a un postulante que introdujo su recurso de revisión fuera de término y también resultó habilitado.
Este último caso corresponde al postulante al Consejo de la Magistratura y actual vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahichi, que el 3 de abril declaró públicamente que la Comisión de Justicia Plural no quiso recibirle su recurso de revisión porque el plazo para la presentación de ese recurso venció el 1 de abril, “quedando fuera de término el requerimiento de este postulante”, menciona la Veeduría. Luego, el informe agrega que “se desconoce cuál fue el mecanismo por el cual fue recibido este recurso de revisión ni bajo qué argumento jurídico legal fue tratado por la Comisión, que resolvió revocar su inhabilitación”.
La Veeduría expone también el caso de dos candidatos que aparecen en la lista de habilitados, pese a haber sido inhabilitados. Se trata del postulante al Tribunal Agroambiental, Edwin Vásquez Almendras, y del postulante al Tribunal Supremo de Justicia, Ramiro Ariel Blanco Fuentes, “que fue inhabilitado mediante la aprobación de la impugnación, decisión que fue ratificada en la etapa de revisión”. La Veeduría señala que solicitó información, pero no ha sido proporcionada.
El reporte también repara en quienes fueron habilitados sin cumplir un requisito importante. “Al revisar el requisito específico número 4, que establece una experiencia profesional mínima de 8 años según la normativa, los asambleístas verificaron que las postulantes al Tribunal Agroambiental, Chávez Rodas Roxana, Justiniano Cabrera Mónica; y al Consejo de la Magistratura, Quinteros Montaño Rafael, no cumplen con este criterio. A pesar de ello, fueron habilitados”, indica el informe que fue entregado este viernes a las comisiones respectivas.
Por otro lado, la Veeduría devela las reconsideraciones que permitieron la habilitación de dos candidatos, lo que no sucedió con otros postulantes. “El seguimiento realizado en ambas comisiones ha observado dos casos puntuales en los que se insiste en la reconsideración de la inhabilitación durante la etapa de resolución de recursos de revisión”, indica el reporte y cita el caso de la postulante Juana Maturano Trigo, que fue habilitada luego de que el diputado Froilán Mamani pidiera una tercera votación para reconsiderar su caso. Lo mismo ocurrió con el postulante Zenón Bacarreza, cuyo caso se reconsideró a pedido del diputado Jerges Mercado y terminó siendo habilitado.
Bacarreza fue uno de los magistrados del TCP que firmó la reelección indefinida en 2017, con lo que favoreció al expresidente Evo Morales. Este año dijo que no se arrepiente de ese fallo y aseguró que el mismo sigue vigente, pese a que la Corte IDH estableció que no existe el derecho humano a la reelección indefinida.
“La falta de uniformidad en la aplicación de criterios y el tratamiento desigual en el análisis de las impugnaciones y su revisión plantean preocupaciones sobre la garantía del derecho a la igualdad y a un trato imparcial. Es fundamental que con al inicio de cada etapa se acuerden criterios claros y objetivos para evaluar a todos los candidatos y candidatas de manera equitativa”, dice el informe preliminar.
Transparencia y observaciones
En este segundo informe, la Veeduría valora algunas medidas de transparencia, pero al mismo tiempo hace observaciones concretas.
Por ejemplo, indica que la Comisión de Justicia convocó a una reunión informativa a las veedurías, pero como faltaron varios asambleístas no se trataron temas centrales. También valora la transmisión de las sesiones a través del Facebook, aunque señala vacíos en esta tarea.
Por otro lado, la Comisión Mixta de Constitución entregó las listas de postulantes con impugnaciones, además de haber facilitado una carpeta digital con las impugnaciones escaneadas en PDF. En cambio, la Comisión de Justicia Plural entregó la lista, pero no hizo públicas las impugnaciones.
En cuanto a los recursos de revisión, “ninguna de las comisiones entregó estas solicitudes escaneadas ni en copias físicas a las veedurías”, indica el informe.
En ese marco, la Veeduría insta a ajustar “la falta de publicidad de las impugnaciones, la no entrega de recursos de revisión a las veedurías y la inclusión en la lista de habilitados de personas que, en la transmisión del debate de las sesiones, resultaron inhabilitadas”.
De hecho, la vocera de la veeduría, Claudia Terán, resalta que el trabajo consiste en dar a conocer observaciones cuando las identifica, pero también plantea sugerencias de mejora para el avance del proceso.
El primer informe también detectó errores en las listas de habilitados y en el segundo informe persisten este tipo de fallos, pese a las observaciones.
Equidad
El informe hace notar en que las mujeres sólo representan el 28% de postulantes habilitados a la revisión de méritos, por lo que recomienda a las comisiones “tener presente en todo momento la importancia de respetar los criterios de equidad y especialmente lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1549, de acuerdo con el cual, en caso de que no se llegue al número necesario de mujeres, se habilitará a la postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea mujer, del número total de postulantes a nivel nacional”.
Asimismo, señala que en el trabajo de ambas comisiones se ha evidenciado falta de organización y ausencia de una metodología previamente definida para llevar a cabo la revisión de impugnaciones, recursos de revisión y el análisis de la documentación presentada por las y los postulantes.
La Veeduría Ciudadana está a cargo de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y está integrada por 24 organizaciones de la sociedad civil y por carreras y facultades de derecho y ciencias políticas de 12 universidades del sistema público y privado.
La OCD, a su vez, está integrada por la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red UNITAS.
/ANF/
