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Justicia

Juristas cuestionan aplicación retroactiva de Ley 1443 que busca subsanar la “aberración” judicial

Herrera remarcó que la actuación de los jueces no va en función de la verdad, de la restauración de la justicia, sino “va en función de cumplir algunos mandatos o directrices que van más en el ámbito político que en el ámbito de verdadera
26 de octubre, 2023 - 19:31
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Foto: Opinión
Foto: Opinión

La Paz, 26 de octubre de 2023 (ANF).- Dos juristas coincidieron en que la aplicación retroactiva de la Ley 1443 vulnera el principio de la ley en el tiempo, el derecho al debido proceso legal y es atentatoria a los derechos humanos. Señalaron que la Ley 1443 es resultado de la politización de la justicia, donde los políticos solo ven “lo mejor para su gestión” y dejan de lado “el espíritu mismo que debe tener la ley”.

“Ahí se está vulnerando un principio elemental que justamente los jueces políticos no quieren reconocer, porque los jueces políticos en realidad no están formados para tal, mientras que los jueces jurídicos si tienen el conocimiento idóneo, y ¿qué principio se está vulnerando? la aplicación de la ley en el tiempo”, dijo el abogado y docente universitario Jorge Quiroz.

Explicó que, si una persona fue denunciada con una norma X, no se le puede aplicar la norma XY de reciente vigencia, sino se le tiene que aplicar retroactivamente la ley X, “no hay por dónde perderse”.

“Si el interno ha sido juzgado con una norma procesal del 2002, vamos a decir, todos los beneficios que esa ley le pueda otorgar están expeditos de poder asumirlos”, remarcó.

La Ley 1443 de Protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación surgió luego de que se conociera que Richard Choque, un feminicida con sentencia en 2013, luego de salir libre en 2019 favorecido por el magistrado Rafael Alcón, cometió al menos otros dos feminicidios y decenas abusos sexuales. Con este hecho se conoció más de una decena de casos de feminicidas que recobraron su libertad a cambio de un pago de dinero a magistrados y jueces. 

La Ley busca enmendar “el accionar corrupto de la justicia boliviana” castigando más a los privados de libertad con la aplicación retroactiva de la ley al ampliar con reclusión de más meses o años a los que están por obtener su libertad.

Internos del penal de San Pedro de La Paz se quejaron que estando ya en etapa de apelación y otros en casación, el abogado del penal Brayan Esprella Ticona les dijo que sus sentencias se ampliarán en aplicación de la Ley 1443 para que cumplan las 4/5 partes de su sentencia debido a que no tenían sentencia ejecutoriada. La ley 1443 la vienen aplicando no solo para sentenciados por casos de violencia sexual y feminicida, sino a todos los casos en general.

Quiroz explicó que la aplicación de la ley en el tiempo no tiene que ver con el momento de la ejecutoria de la sentencia, va más allá, “la aplicación de la ley en el tiempo tiene que ver con el origen, el momento en el que fue denunciada la persona qué leyes estaban vigentes y se le aplica esas leyes vigentes”.

Indicó que aplicando de esa forma la ley, como señala Esprella, “se vulnera el derecho al debido proceso legal, es decir, no se está aplicando la ley conforme se debe de observar desde sus inicios del juzgamiento”.

Aclaro que, en sentido contrario, si saliera una ley que beneficia más al interno, entonces se aplica la “ultractividad de la norma y ahí sí se le aplican los beneficios que recientemente se podría regular”. 

La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, indicó que se emplea la Ley 1443 para subsanar una situación “aberrante”, como fue la de Richard Choque que ha demostrado “el nivel de corrupción que hay en la administración de justicia” y “emiten esta ley para sancionar a una población (penitenciaria) a cumplir más años de los que estaban inicialmente establecidos y que la sentencia habría dictado”.

Herrera remarcó que con la ley 1443 “vuelven a ampliar la sentencias como si volvieran a ser juzgados los internos, y a decir: ‘ustedes no salen antes’, y no salen porque esta ley establece que ya no les sirve el ratio que había sido inicialmente propuesto, pese a que muchos de los recluidos han hecho todo lo posible por cumplir a cabalidad lo que estaba establecido”.

Para la activista se trata de una situación realmente aberrante que va en contra de los derechos humanos y que muestra de manera cada vez más fehaciente que “la justicia no mantiene ni independencia ni es objetiva ni es oportuna, sino que está condicionada a otros móviles e intereses tanto político partidarios como también de grupos de poder”.

Herrera comentó que denuncias por la aplicación aberrante de la Ley 1443 fueron presentadas también en Tarija por lo que hicieron una representación ante la jueza de ejecución penal quien explicó que se la aplica así por la “presión social que existe” y “por una definición de los estrados judiciales más altos pese a ser atentatoria a los derechos humanos”.

“Está establecido que las leyes que se aplican no pueden ser retroactivas, y eso está ocurriendo con varios internos que ya tenían casi cumplida la sentencia, pero a raíz de esta Ley 1443 les han vuelto a ampliar a nueve o catorce meses más su sentencia, y al final lo que ocurre es que sigue generándose el hacinamiento de la población carcelaria”, apuntó.

El lunes, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la cantidad de privados de libertad en las cárceles del país llegó a 28.000, unos 3.000 más en solo 10 meses. Activistas de derechos humanos anticiparon mayores vulneraciones a los derechos de los internos.

Herrera remarcó que la actuación de los jueces no va en función de la verdad, de la restauración de la justicia, sino “va en función de cumplir algunos mandatos o directrices que van más en el ámbito político que en el ámbito de la verdadera justicia que se busca, y esta Ley 1443 está en ese nivel”.

Quiroz enfatizó que la Ley 1443 es un efecto de la politización de la justicia, donde quienes emiten las leyes son políticos también, y ellos “están viendo lo mejor para su gestión política y se olvidan del espíritu mismo que debe tener la ley” para que pueda favorecer más a las personas que están en una situación de detención, porque “recordemos que las personas privadas de libertad son parte de los grupos vulnerables de derechos humanos”.

/FC/