Cuestionan "política de persecución" a colegios de la Compañía de Jesús y rol del Procurador

La Paz, 25 de mayo de 2023 (ANF).- El abogado y padre de familia de un estudiante del colegio San Ignacio, Héctor Castellón, cuestionó la "política de persecución" del Ministerio de Educación hacia los colegios de la Compañía de Jesús, además, observó el rol del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, que apunta -en su opinión- a politizar los casos de pederastia.

“Los acontecimientos dados por el Ministerio de Educación nos hacen ver que hay una política de persecución hacia los colegios, lo cual no consideramos prudente ni legal, ni pertinente porque las instituciones no son responsables de los hechos lamentables que se perpetraron hace más de 40 años”, declaró Castellón.

Considera que no solo es afectar a los colegios de la Compañía de Jesús y a los administrados por la Iglesia católica, sino abrir la puerta para incidir en el sistema de colegios privados en el país.

“Usar el caso de pederastia para fines que no son investigativos o reparativos denota una intención e intervención al sistema educativo particular-privado, primero por los colegios de la Compañía de Jesús y luego de la Iglesia”, afirmó.

La preocupación de los padres de familia de los colegios San Ignacio y San Calixto nace después que el Procurador General del Estado pidió al Ministerio de Educación intervenir en las unidades educativas administradas por la Compañía de Jesús para proteger la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Este 23 de mayo, el Ministerio de Educación emitió un instructivo, que en cumplimiento a la nota PGE-DESP-N° 841/2023 que remitió la Procuraduría General del Estado y a normas de protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigido a directores departamentales de educación, directores distritales de educación y directores de unidades educativas.

En el instructivo solicita que se identifique y se haga seguimiento a los establecimientos fiscales, privados o de convenio administrados por la Compañía de Jesús y de la Iglesia; además de complementar información de las unidades educativas regentadas por la Iglesia católica.

En el punto 3, señala que “en caso de denuncias de hechos relacionados con violencia en el ámbito educativo, se deberá proceder de acuerdo a normativa vigente”, según el Ministerio de Educación esto para precautelar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes estudiantes.

Además, instruye que se promuevan acciones de cumplimiento a las normas y políticas educativas establecidas por el Ministerio de Educación, para la formación integral y holística de niñas, niños y adolescentes, se lee en el documento.

Castellón manifestó su pleno acuerdo en promover políticas de prevención, pero no corresponde que la Procuraduría haga una petición de intervención, y mucho menos que el Ministerio de Educación obedezca, cuando ni siquiera en estos establecimientos se cometieron los ilícitos de hace décadas.

“La Procuraduría General del Estado no tiene por qué pedirle al Ministerio de Educación y mucho menos el Ministerio de Educación obedecer para intervenir colegios”, precisó el jurista y padre de familia de un estudiante del colegio San Ignacio.

Manifestó que las denuncias de pederastia deben ser investigadas y deben ser “implacables” desde el punto de vista de la administración de justicia, precisó que es el rol del Ministerio Público esclarecer estos hechos que causan profundo dolor, pero no le corresponde al Ministerio de Educación asumir medidas que vulneran otros derechos.

“Estamos extrañados, la Procuraduría debería estar abocada a recuperar los cientos de millones que Bolivia ha perdido por demandas internacionales, intervenir en casos de corrupción interna y que los bolivianos estamos perdiendo millones de dólares”, apuntó.

En el tema de la pederastia, aplaudió la preocupación del Procurador y de otras personas que repudian y piden una investigación seria, pero considera errático pretender medidas políticas contra los establecimientos.

Vigilias en los colegios ignaciano y calixtino

Castellón informó que los padres y madres de familia han decidido estar alertas ante la posibilidad de afectar el funcionamiento de los colegios San Ignacio y San Calixto en la ciudad de La Paz.